Cuando Baltar Blanco se refirió este viernes a que reponer como es debido la OU-0807 de San Vicente de Leira de Vilamartín de Valdeorras le supondrá a la Deputación una inversión de entre 5 y 6 millones de euros, estaría aludiendo al cálculo que los técnicos han hecho de la parte que le corresponde asumir a la institución provincial. Porque el coste total del que se habló el 15 de marzo de 2017, en la reunión mantenida en la Deputación y en la que estaba, entre otros, el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, se cifraba en los 13 millones de euros. Los técnicos habían concluido que, dada la realidad orográfica de la zona y la inestabilidad del suelo, era aconsejable un nuevo trazado que, además, fuera capaz de soportar con las debidas garantías la ingente actividad del las canteras de pizarra de la zona que lleva años soportando este vial.

En aquel entonces vivían en San Vicente de Leira unas 35 personas, según el alcalde de Vilamartín, pero la OU-0807 llevaba años dando servicio a diario a varias pizarreras, alguna de las cuales llegaba a superar el centenar de trabajadores. Ahora Baltar Blanco a la actividad minera que concurre en la situación y aludió a un proceso "largo" y "complejo".

Ocho días después de aquel 15 de marzo en el que una reunión entre las partes daba la solución de los técnicos por válida, el 23 del mismo mes el Pleno de la Deputación aprobaba la construcción del nuevo vial. Pero antes y en la misma sesión, hubo que ventilar las alegaciones de un par de pizarreras que invocaban perjuicios causados por el nuevo vial a sus intereses en sus explotaciones mineras. Especialmente curioso fue el caso de Canteras Villamartín, S.L., que según recogía el acuerdo plenario se oponía alegando que el nuevo trazado afectaba a sus derechos mineros. Según los técnicos de la Deputación, la concesión minera de la empresa había caducado el 23 de diciembre de 2015.

El 24 de octubre del pasado año, la Xunta de Goberno de la Deputación ourensana aprobó la expropiación forzosa de terrenos del nuevo vial, una vez que el Consello de la Xunta de Galicia había hecho lo propio ya en el mes de junio del año anterior, 2018.