A pesar de la "alerxia" que al portavoz del Grupo Municipal del PP, Rosendo Fernández, dice que le da judicializar la vida municipal, el popular anunció ese viernes que a su Grupo no le va quedar más alternativa que llevar a los tribunales de justicia contrataciones temporales realizadas durante el pasado año por el Gobierno socialista del Concello de Ourense.
Los populares dicen no saber ahora mismo cuándo, exactamente, lo harán, pero si cómo y en base a que cargos: "presunta prevaricación continuada". Es decir, lo mismo que se le imputa al que fuera presidente del PP de Ourense y de la Deputación ourensana por los 104 contratos realizados en fechas anteriores al 30 de enero de 2010 del XV Congreso del PP de Ourense.

Ahora mismo los de Rosendo Fernández aguardan un trámite: que el Interventor se pronuncie sobre si fue consultado en relación con dichas contrataciones; y si lo fue, qué informes se produjeron, en qué sentido y que se les faciliten para conocerlos tal y como el interventor los produjo en su momento.
Por el momento, los populares ya arrancan con el correspondiente informe de Abogacía del Estado que indica que "la actuación de la Corporación Local (Gobierno del Concello de Ourense) sería impugnable en sede contencioso administrativa, no sólo por la infracción del Ordenamiento Jurídico, sino también en aplicación de la doctrina de desviación de poder que supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

Dicho ordenamiento no es otro que el Real Decreto 20 de 2011 que establecía unas condiciones estrictas para realizar contrataciones temporales las administraciones públicas durante todo 2012. El objeto del litigio son 34 contratos realizados por el Concello durante el año pasado. El informe de Abogacía del Estado se ciñe al paquete que los populares trasladaron al subdelegado del Gobierno el 31 de octubre. Hay un segundo envío, el 23 de enero de 2013, sobre el que todavía no se ha pronunciado el abogado del Estado.

En cualquier caso, en relación al primero de los paquetes de contratos, Abogacía del Estado rechaza 7 de los 34 que se hicieron.
Son los de un conserje de edificios municipales, un topógrafo, 2 operarios de cementerios y 3 conserjes de edificios municipales.
En este último caso, no se explica de cuáles de los 6 que se hicieron en su momento se trata, ni tampoco cuáles son los 2 de los 4 operarios de cementerios contratados cuyos contratos el abogado del Estado considera irregulares.
Los 27 contratos realizados serían válidos para Abogacía del Estado, según el informe emitido a raíz de que Subdelegación del Gobierno de Ourense sometiera a consulta el asunto en cuestión.

De entada, el PP pide el cese inmediato de la concelleira de Persoal

Con el informe en la mano, el portavoz popular pidió este viernes la dimisión o cese de la concelleira de Persoal y Recursos Humanos del Concello de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta.
A ella considera Rosendo Fernández directa responsable de lo ocurrido: "consideramos que esta persoa está totalmente deslexitimada para seguir desempeñando esta función, a xulgar pola resolución analizada e adoptada por parte da Delegación do Goberno", señaló el portavoz popular.
Y añadió: "Supoñemos que esta concelleira non electa, cargo en si mesmo deseñado dixitalmente, anda máis preocupada e ocupada en arranxar as súas cuestión orgánicas de partido, enfrontada aos seus xefes socialistas, que en dirixir e velar pola lexitimidade da política de Persoal do Concello".

Directa e inmediata responsable, pero no la única. Porque el Grupo del PP no descarta ampliar toda la responsabilidad de lo ocurrido al propio alcalde de la ciudad. Ya que, señaló Rosendo Fernández, "que sexa un alcalde imposto por imputacións, non quere decir que faga deixación das súas funcións".
A partir de aquí, el portavoz del PP recalcó en más de una ocasión que el "responsable asboluto de todo o que pase nun concello é o alcalde". Y dejó ver Rosendo Fernández el objetivo de las actuaciones de su Grupo en los juzgados ourensanos: un "presunto delito de prevaricación continuada".
Que llegue a materializarse como tal dependerá mucho de lo que el interventor pudo haber escrito en su día en relación con esos contratos.