En un comunicado oficial emitido este jueves, el Gobierno municipal de Ourense pide al juez encargado de instruir el caso, el magistrado Antonio Piña, que impute formalmente a la concelleira de Benestar, la socialista Marga Martín, o que, de no hacerlo, archive el caso.
El Gobierno municipal se refiere a la causa que instruye a raíz de la prestación del Servizo de Axuda a Domicilio, en cuyo procedimiento desde el Concello de Ourense se habla de "indefensión": "que impute formalmente aos acusados para rematar coa actual situación de indefensión, na que moitas persoas están sendo tratadas coma delincuentes sen a máis mínima posibilidade de defenderse", señala el Gobierno municipal del Concello de Ourense.

Tanto el Gobierno municipal de Ourense como el alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, reiteran su apoyo y confianza en la concelleira Marga Martín.
En la nota emitida a raíz de las últimas actuaciones dispuestas por la autoridad judicial, se reitera también que no se está respetando la presunción de inocencia que debería asistir a las personas llamadas a declarar, cambiándose "presunción de inocencia" por "presunción de culpabilidad", y se recuerda que el caso ha surgido de una denuncia de un partido político "con intereses na oposición municipal, e coa raíz nunha confrontación entre empresas privadas nacida dunha disputa entre dous xestores".

"Indicios múltiples y consistentes" de una "estafa agravada" de más de 50.000 euros

La concelleira Martín está imputada en la comisión de presuntos delitos de "estafa" y "malversación de fondos públicos", junto a los empresarios Alberto López, titular de la actual concesionaria, y José Fermín Troncoso, titular de la anterior, y tres funcionarios y un trabajador más.
El juez Antonio Piña ha desestimado las peticiones de sobreseimiento del caso. Por contra, el magistrado ha ordenado la práctica de más pruebas en el proceso de instrucción del caso.

En el auto de 38 folios, el titular del Juzgado de Instrucción numero 2 de los de Ourense, ordena la instrucción de nuevas y ordena un careo entre la técnica de la Administración General del Estado, Cristina Feijóo, y Marga Martín, además de tomarle declaración al ex jefe de Servicios Sociales en 2009 en calidad también de imputado, Juan José Monedero Aguilera.
El juez habla en su auto de "indicios múltiples y consistentes" que serían susceptibles tanto de proseguir el caso como de abrir una nueva valoración a la conclusión de la instrucción, y sospecha que tanto la concelleira Marga Martín como los jefes del servicio pudieron haber incurrido en un delito continuado de malversación.
A la concelleira de Benestar la considera el letrado "cooperante necesaria" para consumar una "estafa agravada" que superaría los 50.000 euros.