El cambio en las condiciones del personal al servicio de los grupos de la oposición en la Deputación de Ourense (dos por grupo) fue el tema que más debate generó de la sesión extra de este miércoles para fijar el organigrama con el que funcionará la institución provincial la próxima legislatura.
Mientras los nacionalistas no plantean contestación alguna al cambio de sistema, los socialistas sí lo hacen y advierten de la posibilidad de que los dos trabajadores contratados acaben llevando su caso a los tribunales laborales.

De ocurrir así, ninguno de estos trabajadores podría optar a recuncar en el puesto, lo que obligaría al Grupo del PSOE a proponer a Baltar Pumar, presidente de la Deputación, a otros dos para el desempeño de las funciones de asistencia al Grupo. Y dejaría a la Deputación de Ourense abocada a abonar las nóminas de cuatro trabajadores en vez de dos si los dos trabajadores salientes ganaran su caso en los tribunales de justicia y se convirtieran en, incluso, personal fijo de la Deputación ourensana.
El portavoz del Grupo del PP, Plácido Álvarez, abundó en varias ocasiones de su intervención en tal extremo, mientras el del PSOE, Ignacio Gómez, habló de “chantaxe político” y de “intento de amordazar” al Grupo Socialista.

Plácido Álvarez insistió en que el punto del orden del día objeto del debate era “unha formalización dun asunto no seu acordado verbalmente polo presidente e un deputado socialista”, que era Pachi Vázquez, el actual secretario de los socialistas gallegos.
De hecho, lo ahora establecido por escrito introduce muy pocos cambios en relación con lo entonces acordado. En lo fundamental, sólo que “o cese dos funcionarios eventuais será automático coa conclusión do mandato”. Por lo demás, la decisión de cada Grupo de la oposición sobre quiénes han de ser los contratados será, incluso, “vinculante” para el presidente de la Deputación, y no se les exigirá titulación alguna.

El asunto prosperó con los votos en contra del PSOE, formación para la que se abren muchas dudas ahora para la contratación de los dos trabajadores a los que tiene el derecho el Grupo.
Esto ocurre porque el nuevo articulado introducido por el Grupo de Gobierno en el acuerdo, establece que dichos nombramientos quedan sujetos “á condición suspensiva da total extinción dos contratos laborais”. Es decir, mientras los actuales trabajadores litiguen por mantener su relación laboral con la Deputación, el PSOE no podrá contratar a otros.
Los cuatro trabajadores a los que los grupos oposición en la Deputación ourensana tienen derecho, salen por 52.800 euros al año, lo que hace durante la legislatura más de 200.000 euros.