Unos 200.000 ourensanos de 59 concellos de los 92 de esta provincia, se verán afectados directamente por la supresión de los juzgados de instrucción en los partidos judiciales actualmente existentes en Ourense, según denunciaron este jueves los diputados del PSdeG-PSOE por esta provincia junto al representante de la UGT en la administración de Xustiza, Manuel González.
Los socialistas anunciaron una batería de acciones contrarias a la nueva Ley del Poder Judicial que pretende aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy.

En todos los concellos donde el Partido Socialista tenga representación se presentarán iniciativas, lo mismo que en la Deputación Provincial y en todas las cámaras legislativas.
Tras una reunión interna de cargos electos del Partido Socialista ourensano, el PSdeG en esta provincia concluye que "esta centralización xudicial atenta contra a racionalización, optimización e modernización da xustiza, que debería facerse dende abaixo, onde se está máis preto da cidadanía e dos seus problemas, máxime nunha provincia na que unha boa parte dos procesos teñen que ver con cuestións referidas á propiedade da terra e aos usos sociais no mundo rural".

Por contra, la desaparición de los actuales partidos judiciales "relega" a más de 200.000 ourensanos a la condición de "ciudadanos de segunda clase, que tendrán que desplazarse hasta la capital para realizar la más mínima gestión de índole judicial, alerta el Partido Socialista.
Y esto no sólo supondrá un un claro perjuicio para los vecinos de los concellos a los que engloba cada partido judicial a extinguir, matizan los socialistas, sino también para las propias capitales de comarca en las que actualmente se ubican los juzgados, "xa que se producirá un éxodo masivo á capital de xuíces, funcionarios, avogados e procuradores, cunha perda económica e social importante para estas localidades".

El PSdeG de Ourense anuncia que va a instar a todos los alcaldes, concelleiros y deputados del PP a sumarse a estas iniciativas para tratar de evitar esta iniciativa que surge desde el propio Partido Popular, y hablan de evitar que el Gobierno Civil de a provincias como Ourense una "setencia de morte" a un servicio público como es el de la justicia.