En los dos primeros meses de este 2012, el Estado ha reducido a cero la obra pública licitada en la provincia de Ourense. Es el dato más llamativo del balance del primer bismestre de este año que realiza ACO, la Asociación de Constructores de Ourense.
Otro a tener en cuenta podría ser que, mientras el Estado ha reducido a cero su inversión en la provincia ourensana, la Deputación casi ha duplicado el esfuerzo inversor con respecto al mismo período del año anterior, pasando de 287.000 euros a 840.000.

La licitación de las administraciones públicas durante estos meses ha bajado en conjunto un 64,54%. Si en el primer bimestre de 2011 la inversión total había sido de 12,8 millones de euros, con el Estado a la cabeza, ahora se ha reducido a poco más de 4,5 millones y se ha invertido la tónica de liderazgo del Gobierno central.
Xunta, Deputación de Ourense y concellos han licitado más obra en lo que va de 2012 que en el mismo período del pasado año, mientras Universidad y Estado invierten la tónica.

La Xunta de Galicia subió un 11,71% la licitación, pasando de los 2,5 millones a los 2,8, mientras que la inversión de los concellos aumentó un 238%. El mejor porcentaje de todas las administraciones, aunque por debajo de todas ellas cuantitativamente, a exepción de la Universidad y ahora el Estado: 768.912 euros en lo que va de 2012, frente a los 227.219 del mismo período del pasado año.

En comparación con el resto de las provincias gallegas, Ourense ocupa el tercer lugar en licitación de obra pública, sólo por delante de la provincia de Lugo.
Los 4,5 millones de Ourense son más que los 3,2 licitados en la provincia lucense, pero menos que los 11,4 de A Coruña y mucho menos que los casi 86 de obra pública licitada en la provincia de Pontevedra.

La ACO dice que "los recortes continuados de inversión pública, junto a la falta de financiación y las restricciones impuestas al crédito del consumidor, han hecho que el sector de la construcción sea uno de los más afectados por esta crisis"
En este sentido, se valora "positivamente" la decisión del Gobierno Rajoy de impulsar el pago a los proveedores por las entidades locales, y el anuncio de la Xunta de que va a abonar sus facturas pendientes en el mes de abril.
Aunque la ACO exige "que las administraciones asuman sus deudas en su totalidad, pues hasta ahora han sido las pymes las que han estado financiándolas poniendo en peligro su propia continuidad".