El Concello de Ourense se reafirma en la existencia de un protocolo de la Xunta de Galicia del pasado 10 de octubre de este 2011, "para a xestión das persoas sen recursos económicos suficientes e das que se atopan en situación de desemprego".
En contra de lo que sostuvo el edil popular, Miguel Abad, en el pasado pleno de diciembre celebrado el viernes, 2 de los corrientes, negando la existencia de dicho documento, la concelleira de Saúde e Benestar Social, Marga Martín, aporta públicamente el escrito cursado por la Xunta de Galicia que pone a disposición tanto del edil popular como de la concelleira de Democracia Ourensá, Susana Gómez Valencia.
Dicho documento o protocolo, cuestiona el derecho a la sanidad pública universal, asegura el Concello de Ourense.

El documento, de 8 páginas, regula una actuación en base a la orden de 5 de septiembre de este año, por la que se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistir sanitariamente a las personas sin recursos económicos suficientes, así como a aquellas que se encuentren en situación de desempleo, de un modo que el Gobierno municipal en el Concello de Ourense considera que restringe las necesidades más perentorias de las personas más necesitadas.
Ante la existencia de dicho protocolo, socialistas y nacionalistas en el Concello de Ourense se reafirman en la necesidad de producir el acuerdo plenario del pasado 2 de los corrientes, que los populares cuestionaron porque, según el concelleiro Miguel Abad, dicho protocolo nunca existió.

Ahora, la concelleira Marga Martín insiste en que dicho documento obra en poder del Concello de Ourense, existe y "reduce os dereitos asistenciais das persoas desempregadas e sen recursos económicos, xa que obriga a estas persoas a solicitar unha tarxeta especial e que, mentras esta se tramita, só terían dereito a atención de urxencias e emerxencias".
Ante el hecho de que en la práctica el protocolo significa perder el derecho a la sanidad pública universal, "xa que estas persoas quedarían mentres tanto sen médico de cabeceira, sen probas diagnósticas e sen especialistas", el Gobierno municipal reitera la necesidad de restituir los plenos derechos de estas personas a recibir una asistencia sanitaria completa, y a "evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega".