Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios de Ourense, CEO, encabezan un comunicado de protesta por el anuncio hecho la semana pasada por el Concello de esta ciudad de excluir de la ordenación provisional las unidades privadas de actuación que, se dice en el comunicado, “cumpliendo los parámetros legales vigentes, regirán en el municipio de Ourense hasta la aprobación del nuevo PXOM”.
Los firmantes del escrito advierten de que “no podemos esperar cuatro años hasta su desarrollo”, refiriéndose la nuevo Plan de Urbanismo de la ciudad.

Además de las mencionadas Cámara de Comercio y CEO, firman el escrito la Asociación Provincial de Constructores y los colegios profesionales de Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos Industriales, que dicen haber recibido con “sorpresa” el anuncio realizado por el Concello de Ourense en el sentido expresado.
Máxime, señalan, cuando de las reuniones mantenidas a este respecto con la titular de Urbanismo del Concello, la concelleira Áurea Soto, “manifestó en su día que estas unidades serían contempladas en el futuro plan”.
En tal situación y ante tal compromiso, organismos y colegios profesionales insisten en que “no podemos esperar cuatro años” a que se desarrolle el nuevo planeamiento urbanístico.

Advierten de que dichas unidades de actuación privadas que ahora quedarían congeladas, “suponen una carga de trabajo que evitaría la paralización del sector, la pérdida de empleo y las negativas consecuencias que se derivarían de una actividad con un enorme peso en la economía de la provincia”.
Recuerdan que desde el primero momento se trabajó en la dirección de que dichas unidades de actuación privada se incluirían en el desarrollo provisional de la ciudad, y que la Xunta de Galicia “se ha manifestado favorable a la incorporación de dichas unidades”.

De ahí, concluye la nota, que “no encontramos explicación al hecho de que se quieran excluir ahora de la ordenación provisional, obligándonos a esperar cuatro años en perjuicio de los intereses generales de la ciudad”.
Recuerdan, por último, que las unidades de actuación privadas no sólo corresponde a proyectos de promotores y constructores, “sino que también se trata de iniciativas privadas de ciudadanos que, en su caso, podrían dar lugar a derechos de indemnización que tendrían un coste para las arcas municipales y, por lo tanto, para todos los ciudadanos”.