El presidente del Partido Popular de Ourense y candidato otra vez a revalidar la presidencia de la Diputación ourensana, José Luis Baltar Pumar, denunció que "un candidato socialista tiene empadronados en su domicilio a 55 personas". Baltar Pumar hizo una primera indicación al respecto a media mañana de este jueves, que dejó pendiente de confirmar algunos datos que, según el presidente provincial del PP ourensano, no tenía cerrados.
A media tarde, desde la sede del Partido Popular se despachaba una nota en la que se concretaba el número de personadas censadas de forma irregular en Cortegada, ahora 44, de las que, se subraya, "33 tenían fijada su residencia en Vigo y, de repente, cambiaron su residencia para esta pequeña localidad ourensana". El resto de los censos proceden de municipios de esta provincia como Ramirás, Carballiño, Ribadavia y Arnoia, además de la capital ourensana y Santiago de Compostela.
Destaca el Partido Popular que "esta situación se agrava si tenemos en cuenta que el candidato socialista de Cortegada era hasta hace unos días el Comisario Jefe de Policía de Ourense y, por lo tanto, el responsable de velar para que este tipo de prácticas no se produzcan".
"Dende o Partido Popular queremos subrayar la hipocresía y la doble morar que viene practicando el Partido Socialista, auténtico experto en prácticas antidemocráticas y en burlas a la ley", concluye el comunicado a este respecto.
La gente de Pachi
Por otra parte, el Partido Popular denuncia también que el conseelleiro de Medio Ambiente y secretario del PSdeG-PSOE de Ourense, Manuel Vázquez Fernández, "desplazó en la última semana a su equipo de la Consellería a la sede del PSOE en Ourense para apoyar la campaña del candidato socialista en la capital de la provincia" es decir, Francisco Rodríguez.
Según los populares, en los últimos días los trabajos de prensa, márketing y comunicación del condidato socialista por Ourense "están coordenados por los miembros del equipo de Vázquez Fernández en la Consellería", lo que para el Partido Popular en Ourense constituye "un claro uso fraudulento de los recursos de la administración pública en beneficio de un partido político".
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