El pasado 4 de junio, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendaba a las Comunidades Autónomas abrir los comedores escolares en verano para así poder atender a los menores en "situación de vulnerabilidad". La defensora del Pueblo entendía que tan poco como podía ser administrarles una sola comida diaria a estos escolares, en vacaciones desde el viernes de la semana pasada, día 20 de junio, podría ser vital para mantener, siquiera, sus mínimos alimentarios.
48 horas después de que la defensora del Pueblo insertara en su web dicha propuesta, ningún grupo municipal en el Concello de Ourense consideró necesario introducir por urgencia en el Pleno de junio del viernes, 6, lo que ahora plantea para el de julio Esquerda Unida.

Es posible que ahora que lo han hecho los de José Manuel Gutiérrez lo hagan otros grupos para apuntarse el tanto. Máxime cuando el 11 de junio hizo lo propio el Parlamento de Galicia produciendo un acuerdo unánime de todo el hemiciclo.
Aún así, ni se entiende muy bien el acuerdo del Parlamento de Galicia con el refrendo del PP ni que los populares vayan a hacer lo mismo en el Salón de Sesiones del Consistorio ourensano.

La razón estriba en que la Xunta de Galicia que gobierna el Partido Popular es una de las 6 de todo el Estado que ya anunció que no abrirá los comedores escolares en verano para estas familias, además de la Comunidad Foral de Navarra. Junto a Galicia están el País Vasco, Valencia, Castilla-León y La Rioja.
Por contra, han respondido afirmativamente Aragón, Cataluña, Canarias, Murcia y Extremadura. Y se lo piensan Madrid, Baleares, Asturias y Castilla-La Mancha.

Más peculiares (hasta pintorescos) resultan los argumentos que la Xunta de Galicia ha dado para negar tal apertura: el Ejecutivo de Feijóo considera que "podría generar excesiva visibilidad". Y, con ello, generar discriminación a esos niños que precisan del sustento alimentario de los comedores escolares durante el verano.
Una explicación similar a la dada por el Gobierno de La Rioja, que pide medidas "más discretas".
En cualquier caso, la Xunta de Galicia opta por no administrar la medida para no evidenciar la existencia del problema, como si el hecho de no mostrarlo significara que no existiera.