Cuatro empresas ourensanas aparecen en la relación de las 47 a las que la Comisión Nacional de la Competencia acaba de sancionar por llegar a acuerdos previos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obra pública, concretamente de obras de rehabilitación de carreteras.
Las 47 empresas de todo el Estado totalizan algo más de 47,1 millones de euros en multas.
Las empresas ourensanas que aparecen en la relación son Obras, Caminos y Alfaltos, S.A (OCA), Extraco, Construccións e Proxectos, S.A., Misturas, Obras e Proxectos, S.A., y la Sociedad de Anónima de Betunes y Firmes.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, al resolver el expediente sancionador incoado el 18 de febrero del pasado año, impone a las cuatro empresas ourensanas multas por valor de 8,3 millones de euros en su conjunto, de las que OCA se lleva la mayor parte.
A Obras, Caminos y Asfaltos corresponde la mayor sanción, ya que la CNC le impone una multa de algo más de 5,5 millones de euros, exactamente 5.551.455 euros (923,7 millones de las viejas pesetas).
Le sigue en cuantía la impuesta a Misturas, Obras e Proxectos, S.A., por un total de 1.601.900 euros (más de 266 millones de pesetas)
A Extraco, Construcciós e Proxectos, S.A., se le sanciona con algo más de un millón de euros, 1.084.430 (algo más de los 180 millones de pesetas).
Por último, el Consejo Nacional de la Competencia sanciona a la Sociedad Anónima de Betunes y Firmes con 100.000 euros, una de las sanciones de menor cuantía de las que figuran en la relación de las 47 empresas españolas sancionadas por la CNC.

El expediente abierto en la fecha anteriormente señalada, se incoó a raíz de las sospechas que tuvo la Comisión Nacional de la Competencia de que 53 empresas del sector de la construcción de todo el Estado pactaban sus ofertas antes de concurrir a los concursos convocados por la Administración del Estado.
De este modo, presentaban ofertas con bajas sobre la licitación establecida por la Administración que nunca superaban el 6%. Las sospechas iniciales de la CNC se basaban en que las bajas que deberían producirse en estos casos nunca debería estar por debajo del 15% y llegar, incluso, al 30%, por término medio.
El 15 de octubre de 2009 se ordenaron inspecciones en las sedes de 6 de las 53 empresas bajo sospecha. Una de ellas, la ourensana de Extraco.