A la comunicación a Fiscalía de Ourense por el Sindicato de Enfermería SATSE del cierre del paritorio del Hospital de Verín, se ha sumado la impugnación presentada por la CIG ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense, según ha dado cuenta este jueves la organización sindical. La Confederación Intersindical Galega añade a su impugnación la solicitud a este Juzgado de una medida cautelar de suspensión de la orden de cierre que se estaría tramitando estos días, según indica.

El sindicato alega que en el cierre del paritorio se ha producido una "clara interpretación esguellada e parcial" por parte de la EOXI de las recomendaciones que aconsejan su no apertura. Y que, siendo recomendaciones no constituyen normativa, indica la central. Señala la central que en dichas recomendaciones igual que se alude a maternidades por debajo de los 600 nacimientos/año, también se mencionan otras opciones que la EOXI ni ha tenido en cuenta ni siquiera ha mencionado. Y añade la CIG que cuando la EOXI se ciñe al dato de esos 600 partos/año para justificar el cierre del paritorio de Verín, hay 6 hospitales comarcales en Galicia a los que no aplica tal criterio aunque también estan por debajo del mencionado registro.

Para el supuesto "perigo" de pérdida de detreza de los profesionales sanitarios para atender partos al no contar el paritorio con el debido flujo de nacimientos, la CIG alude que se podrían atajar "proporcionando formación aos profesionais ou criando equipas itinerantes, tal como se viña facendo cos pediatras". Y es aquí, precisamente, en los profesionales de Pediatría donde la CIG dice que está el mayor problema y la raíz de la decisión: "un conflito laboral corporativo, do colectivo de pediatras de Ourense, constitúe o real detonante da decisión que se impugna", afirma.

El sindicato asegura que la gerencia de la EOXI, tras jubilar al único pediatra de Verín, "atopouse coa presión de ter 1.200 pacientes en lista de agarda, e para solucionar o problema creado por un loby corporativo, decidiu suprimir un servizo público a toda unha comarca". "Nen sequera dende o punto de vista de forma do acto administrativo a decisión adoptada ten un pase", añade la CIG, al referirse a cómo se comunicó y cómo se formalizó, haciéndola pública, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y sin acompañar informe técnico alguno.

A partir de que la medida cautelar de la suspensión del cierre sea admitida a trámite por el Juzgado el Sergas dispondrá de 5 días para hacer las alegaciones que considere oportunas, y luego el Contencioso Administrativo habrá de resolver sobre tal extremo. En tanto proseguirá el recorrido que pueda tener el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el mismo cierre.