El Concello de Verín ha sido apercibido por el Contencioso Administrativo 2 de Ourense, de la imposición de multas coercitivas y "testimonio de particulares" sino ejecuta una sentencia de este tribunal. Para lo que se le da de plazo 20 días, según ha indicado la Confederación Intersindical Galega.

Lo que el Concello ha de hacer es ordenar la revisión de oficio que formuló la CIG contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, en lo concerniente a la implantación de la Ley de Coordinación de la Policía Local. Algo que fue llevado adelante por el anterior Gobierno municipal del PP, de ahí que a la CIG le parece "sorprendente" que ahora el Gobierno de PSOE y BNG desoiga el fallo de la justicia para sostener algo que él no hizo.

El sindicato dice que tal situación le lleva a pensar que "as diferencias reais entre os actuais gobernantes e os anteriores son más estéticas que éticas, porque cando se trata de negociar con terceiros, sindicatos, a máxima ordeno e mando preside a acción de goberno". En cualquier caso, la CIG advierte al Gobierno municipal de que ahora mismo el Concello se expone a ser sancionado.