El Juzgado de Instrucción 2 de Verín, atendiendo la denuncia de la CIG en relación con el episodio de contaminación que sufrió el río Támega el pasado 8 de mayo, ha resuelto abrir Diligencias Previas para determinar "la naturaleza y circunstancias de tales hechos", toda vez que no están claras ni éstas ni "las personas que en ellas han intervenido", señala la titular de este juzgado, la jueza Raquel Arias Martínez.

Por este auto, la titular del 2 de Instrucción de Verín pide todo lo relativo a "vertidos provocados por obras del AVE" aunque sólo en los años 2016, 2017 y 2018; a la Confederación Hidrográfica del Duero que remita copia de los expedientes incoados relativos a episodios de contaminación en los mencionados años; lo mismo que al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA; y, por último, a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, le pide la jueza que remita listado de las empresas adjudicatarias de la obra de la Alta Velocidad en todos los tramos "que recorren el Ayuntamiento de Laza, con indicación de su razón social y representantes legales".

Concluye señalando este auto que abre procedimiento de investigación en relación a un episodio en el que la Confederación Hidrográfica del Duero ha hecho caso omiso, que cabe contra la decisión de la jueza Raquel Arias recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de 3 días, y de apelación directo en los 5 siguientes a la notificación de su resolución.