Tiene que llover

 
Por PEPE D.
 
 
 
 
11 de ENERO de 2012: OURENSE DIXITAL

Es posible que todo esto tenga matices, que los tendrá, y que en los próximos días las organizaciones sindicales nos expliquen aspectos de la cuestión que ahora desconocemos y que vuelvan al tema más gris de como lo pinta el Gobierno municipal, políticos, en definitiva.
Pero digan lo que digan este tipo de medidas tienen que llegar en este país.
No es soportable por mucho tiempo más que la presión fiscal se ejerza siempre sobre la empresa privada, más incluso sobre la pequeña y mediana empresa, y la empresa pública y sus trabajadores a lo más que lleguen, y con muchos reparos, es a la congelación salarial.
El Concello de Ourense ha dado un primer paso, que posiblemente no sea más que tímido para lo que sería preciso corregir.

Cualquier institución municipal, por chico o grande que resulte ser tal o cual Concello de esta provincia, soporta anualmente una carga de gasto de su propia plantilla que anda en torno al 40%. Si a ese porcentaje se le añade el gasto corriente es decir, lo que la institución propiamente dicha precisa para funcionar (luz, agua, teléfono, material de oficina y por el estilo), necesita en torno al 60% de su presupuesto solamente para funcionar, para existir.
Algo así es impensable en cualquier empresa privada.
Cierto que no es lo mismo empresa pública y empresa privada, la segunda con fines eminentemente lucrativos y la primera no. Pero ello no exime a la pública de que su existencia amenace una mínima eficacia.

La Deputación de Ourense, por ejemplo, aprobó unos presupuestos para 2012 en los que el 41% de gasto se va en pagar las nóminas de su extensa plantilla. A ese 41%, que son casi 30 millones de euros de los 71 que tiene para funcionar todo el año, hay que sumar un 23,1% en gasto corriente. Lo que quiere decir que algo más del 64% de los 71 millones de euros, casi 45,5 millones, se los gasta la Deputación de Ourense en ella misma, en existir.
Frente a ello, la Deputación de Ourense sólo es capaz de destinar el 17% de esos 71 millones de euros, poco más de 12 millones, a inversiones reales en bienes y servicios para el ciudadano.

Es una proporción bestial, insoportable en estos tiempos de crisis y austeridad. No es viable una institución que por cada euro que es capaz de invertir en bienes y servicios para el ciudadano, más de 300.000 ourensanos en esta provincia, precisa casi 4 (3,8 exactamente) para invertirlos.

peped@galipress.com  

 
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