Cerrando estas líneas está a punto de comenzar el cónclave para materializar la insólita sucesión hereditaria de una Diputación provincial. “Todos los diputados me darán su apoyo”, se atrevió a sentenciar José Manuel Baltar nada más ponerse el corsé que le regaló el comité electoral. Está claro que ya sabía que su padre se había pasado las últimas semanas asignando estratégicamente pases a mejor vida de los elegidos para las 10 nuevas plazas creadas en el Palacio. Llamarle coincidencia a que los vástagos de al menos dos diputados provinciales estén en la lista de aprobados es un insulto a toda la ciudadanía y un corte de manga a los miles de ourensanos que están obligados a protagonizar el papel de pobres y sin empleo en este thriller en que se ha convertido la historia de esta provincia. Y es que tenemos un plus de resistencia al caciquismo sin parangón en el palmarés nacional.

También sigue mejorando el liderato del concello de Ourense. Aparecen más agujeros en ese colador en que se ha convertido el ente municipal por obra y gracia de golfos travestidos en gestores urbanísticos, tanto políticos como funcionariales. Continúan cayendo sentencias por cafradas urbanísticas y reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación del PXOM de 2003. Pero no ha habido ni una sola actuación ni un solo ademán para depurar responsabilidades personales. Quizá porque maleantes urbanísticos los hay de un lado y de otro. Aurea Soto se limita a darnos partes médicos de un concello enfermo de corrupción urbanística. Pero lo que hace realmente es leer las condenas pecuniarias a los bolsillos de los contribuyentes en merecida culpa por la pasividad ciudadana antes los desmanes de los sucesivos regidores locales.

Menos dormida se ha mostrado la ciudadanía en la comarca de O Carballiño. Éxito –sorprendente- de la última movilización contra la incineradora. Una espina para Núñez Feijoo en pleno granero de votos; da igual que hayan sido 4.500 o 7.000 los participantes. Además, ha habido dos efectos que no deben pasar desapercibidos. El primero ha sido poner de manifiesto la estrecha relación entre la capacidad de raciocinio del alcalde, Manuel Penedo, y sus delirios dictatoriales: “Fago a incineradora porque me da a gana”. Ahí queda para los anales de la historia de la democracia provincial. El segundo efecto tiene, afortunadamente, un sentido opuesto. El portavoz parlamentario del PPdG, Pedro Puy, ha reconocido que no ha habido transparencia dice que “falta información”) ni diálogo (“hay que sentarse y hablar”). Cierto pero en sociedades sin déficit democrático eso suele hacerse antes de imponer una decisión y cerrar la puerta. Hasta ahora la Administración, por boca del conselleiro Hernández, hizo todo lo contrario: despejó balones y responsabilidades hacia la empresa privada que ejecutará la inversión. Por su parte, el alcalde, Manuel Penedo, se convirtió en el portavoz de la empresa promotora y su teniente de alcalde, Manuel Cerdeira, se atribuyó una representación que no tiene en la comunidad de montes afectada. ¿Más información? Sí, por supuesto, pero más transparencia en los intereses particulares y menos jeta.

La clave de esta trama de intereses que se va a plantar en O Irixo nos la acaba de proporcionar esta última semana el alcalde de Cerceda, José Luis García Liñares, un asalariado indirecto de SOGAMA. Cuando le preguntan por los beneficios de la incineradora en su municipio, nos habla del millón de euros anuales en tasas y de otros ingresos por convenios con SOGAMA “que podremos dedicara a lo que consideremos menester” pues, aclara, no están destinados a un fin concreto. Yo esperaba algunos datos sobre niveles de renta o de bienestar social de sus administrados. Pero no, lo que importa es el poder que don dinero da al regidor local.

Algo parecido está pasando en Novagalicia Banco. Apenas dos días después de que la entidad crediticia anunciase la pérdida de 600 puestos de trabajo y la merma de retribuciones de sus trabajadores, el Banco de España recriminaba –con algo más que con palabras- las retribuciones de sus directivos. La tijera del regulador recortará en 600.000 euros anuales las retribuciones de su presidente, José María Castellano, por lo que sólo podrá cobrar 300.000 euros al año en vez de los 900.000 que se había asignado. Lo mismo le ocurrirá a su consejero delegado, César González-Bueno. Y la posición de simbiosis del consejero honorífico Gayoso sólo costará a partir de ahora 50.000 euros, no los 400.000 con que esperaba sangrar la tesorería del joven banco. De paso, el ministro Luis de Guindos le ha puesto el cronómetro a la NGB y, con ello, el plan de Castellano de alargar hasta septiembre esa bucólica búsqueda de inversores que nunca llegan mientras sus gestores disfrutan de insultantes retribuciones. Nada que ver con la pusilaminidad mostrada por el gobierno de Zapatero frente al saqueo de las cajas.

A veces no es posible saber si te venden humo o realmente ni eso. Así, es tal el nivel de equilibrismo en la locuacidad política que al final no sabemos cuánto y cuándo se invertirá en el Pórtico del Paraíso. Ha hablado sobre ello el nuevo conselleiro de Cultura, el orensano Jesús Vázquez y no he conseguido enterarme de lo que realmente va a hacer su departamento. Que si al principio se iban a invertir 250.000 (comprometidos en 2009), que si 120.000 para la humedades pero que sólo hay 50.000 presupuestados, que sólo conservación y nada de restauración del Pórtico, que si las disponibilidades presupuestarias (para Ourense, claro), … Lo reconozco. Merezco un suspenso en lectura comprensiva.

Abandonados a su suerte, los regidores locales de la provincia están ajustando sus haciendas. Los hay que cogen el camino más fácil –subir impuestos – ahora que están lejos los comicios municipales. Ribadavia sube las tasas por prestación del servicio de ayuda a domicilio (un 25 %) y las de gimnasia para mayores (hasta un 50 %). Habrá una nueva tasa para los cajeros automáticos de los bancos que ha generado babeos de otros alcaldes de la provincia. Y la guardería infantil costará un 25 % gracias al proceso de privatización del ex tecnócrata Alberto Núñez. Por si fuera poco para los ya bajos niveles de bienestar social, la capital del Ribeiro cerrará el Vivero de Empresas pues, después de cinco años, se han dado cuenta de que no hay demanda. Castrelo de Val implantará una nueva tasa por el transporte de troncos de madera y los celanovenses pagarán tendrán que destinar una parte de su ya recortada renta para hacer pagar el agua un 7 % más cara.

Los políticos siguen mostrándose impasibles ante los datos socioeconómicos. Ourense es la provincia gallega con mayores índices de pobreza. Tiene con unos ingresos medios mensuales inferiores en un 12 % a la media gallega y es el territorio donde es más acusada la brecha entre rentas altas y bajas, algo esto último que refleja un alto nivel de desigualdad social. Eso explica muchas cosas o, mejor dicho, muchas cosas explican eso. Cuanto más pobres seamos, más poder tendrán los caciques y de más margen gozarán para aparecer como los buenos que pueden hacer algo para paliar la creciente miseria. Tienen el poder y el control de las instituciones y organizaciones, del empleo público, de las contratas y de las subvenciones. Así que confían en que los plebeyos no tengan más alternativa que someterse y acudir al Palacio con sus necesidades. Al menos a ese futuro pretenderá amarrarse quien hoy será oficialmente entronado. Como acabe escribiéndose la historia debería depender de nosotros.