Pillería y fechorías electorales

 
Por ELVIRA CUADRADO
 
 
 
4 de ABRIL de 2011: OURENSE DIXITAL

Nada mejor que un gran revuelo para animar la semana. El lunes se publicaban en el BOE las nuevas normas de conducta en campaña electoral y los diarios locales mostraban los efectos de esa importante liberación de espacio. Era el resultado de esa reforma electoral pactada entre PP y PSOE con alta carga demagógica y que a última hora intentaron, sin éxito, corregir. Las nuevas normas dejan una puerta abierta: las visitas a las obras, eliminadas del borrador por la Junta Electoral Central. Así que habrá pillería y reclamaciones. Seguro que los líderes de nuestra provincia aportan algo innovador para bordear la ley. No me parece mal que los políticos vendan lo que han hecho pero realmente lo que tienen que hacer es rendir cuentas y de ahí a descubrir placas y a inaugurar el futuro (esas primeras piedras) hay mucha distancia. Y ya que están dispuestos a ofrecer una imagen de honestidad electoral, ¿por qué no considerar publicidad engañosa todas las promesas electorales no cumplidas en tanto que distorsionadoras del mercado democrático del voto?

De momento se van consolidando las fechorías en torno a los fraudes censales. El senador del BNG, Pérez Bouza, quiere que se depure al ex delegado de la consellería de medio ambiente, Agustín Prado Verdeal. El comprador de las acciones de Baltar en la SAD CD Ourense no es capaz de explicar por qué aparece indebidamente censado en Xinzo así que tendrá que pensar algo antes de que le llamen a declarar ante el fiscal.  

Es tal el ánimo del PPdG de disparar a discreción que, cuando se estaba retirando la diana de Zapatero, el presidente del INORDE y alcalde de Barbadás, José Manuel Freire, decidió arremeter contra el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, por la habitual discriminación que sufre esta provincia. Baltar corrió a darle dos palmaditas en la espalda por si no quedaba claro: basta ya de marginar a los concellos baltaristas, de utilizar el poder de gasto autonómico para continuar ajustando cuentas. Luego dijo lo contrario, imagino que por una llamadita teléfonica. Aunque podría pensarse que no era más que un calentón de Freire por la recogida de firmas del PSdG-PSOE para el instituto de Barbadás, en realidad es un efecto más de las fricciones de placas en el subsuelo de los populares.

Mientras la conselleira Mato viaja por Argentina y Uruguay con su mochila de fondos públicos y el conselleiro Roberto Varela busca cómo llenar ese monumento a la estupidez política llamado Gaiás, ASFAVAL (la asociación de familiares de discapacitados de Valdeorras) se suma a los gritos de desesperación que desde hace meses colocan a las entidades de esta red de apoyo social al borde de la desaparición.

Pero el presidente Núñez Feijoo tiene una visión más a largo plazo, más de futuro, aunque sea personal. Sigue aspirando a ganarse fama de innovador estadista buscando notoriedad en el espectro político-autonómico. Ahora, adelantándose al plan B de austeridad de Zapatero, llevará al Parlamento una ley de disciplina presupuestaria que se aplicará cuando el PIB crezca más allá del 2,5 %. ¿Y eso cuándo será? ¿Dentro de tres o cuatro años o en el 2024 como se atrevieron a apuntar algunos gurús?

Novacaixagalicia, forzada por el gobierno de Núñez Feijoo, sigue ganando tiempo y a la vez prolongando su agonía y caminando hacia la tardía nacionalización. Ha presentado su plan mixto: capitalización con el FROB y con inversores privados, sin muchos más datos como corresponde a unas entidades en las que la transparencia no ha sido su fuerte. Pero si quiere dinero del FROB, además de barrer debajo de las alfombras deberá quitar sillas. Tiene que reducir a 15 los 46 consejeros que tiene (24 de ellos en los consejos territoriales de Vigo y Coruña, creados para alimentar las apetencias localistas del eje norte-sur) y un tercio deberán ser independientes (actualmente no hay ninguno). El próximo capítulo lo conoceremos el 14 de abril, cuando el Banco de España se pronuncie sobre el plan presentado.  

A pesar de ser un debate de hace más de dos años, surge en plena precampaña una plataforma autodenominada Colectivo Pro-AVE Soterrado. Una manifestación de medio millar de personas –pocos para un tema presentado como importante, muchos para una ciudad como ésta- es su primera entrada en la contienda electoral con el presidente de Limiar, Manuel Carnero, agarrando la pancarta de cabeza. Llegan tarde y algunos, como el alcaldable Rosendo Fernández, ni siquiera aparecieron.   

El plan de urbanismo gana enteros en ese campo de batalla electoral. El concejal del PPdG, Javier Rodríguez Novoa, pide al concello que retire el recurso de casación ante el Tribunal Supremo relativos a la sentencia del tribunal gallego que basa la anulación del PXOM en el cambiazo de los planos. Dice que quiere evitar al concello innecesarios gastos en costas judiciales. Por su parte, desde la Consistorial insisten en que quieren “llegar hasta el final”. No creo que retirar ese recurso a estas alturas genere una reducción significativa de gastos judiciales. Quizá Novoa teme que alguna o algunas de las resoluciones del Tribunal Supremo incorporen la coletilla de traslado de las actuaciones judiciales al Ministerio Fiscal por si existen indicios de delito. Le preocupa y con razón. Lo sabe por experiencia propia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia envió a la fiscalía unos autos relacionados con la adjudicación de una plaza de bombero en una oposición siendo Rodríguez Novoa concejal de Personal. Se justificó públicamente diciendo que el Tribunal no tenía toda la información. Menos mal, dirían algunos.

El conselleiro Hernández ha decidido crear un “grupo de trabajo técnico” con políticos de cada grupo municipal y con los llamados representantes de empresarios y profesionales. No sé cuáles son los criterios del conselleiro para elegir a sus interlocutores ni cuál es el papel que tendrá esa comisión técnica. Entre sus elegidos está la Cámara de Comercio de Ourense, afín al delegado de la Xunta, Rogelio Fernández. Desde la entrada en vigor del decreto ley liberador de cargas inútiles, el pasado 1 de enero, la entidad cameral tiene como mucho 30 asociados, suponiendo que sus actuales dirigentes se hayan dado de alta expresa y voluntariamente como así exige la nueva norma. Y que se sepa, sus actuaciones en materia urbanística han sido nulas salvo el apoyo a la instalación de grandes superficies hecho público por los anteriores dirigentes.

De nada le valieron a Benigno Moure las 25.000 firmas que recogió para apoyar su petición de indulto. La práctica totalidad de los beneficiarios de esta medida de gracia no necesitaron más firma que la suya. Y es que su conducta, como la de otros delitos, no merece el perdón del Estado. Su víctima fue una persona desvalida y él abusó de su sotana. Le queda otra intentona, la que pretende amparar en su estado de salud, por lo que su suerte está ahora más en manos de los forenses que de los jueces. 

A pesar de la fluidez electoral, siguen los atascos: la A-76 sigue paralizada con la excusa del estudio de impacto ambiental de Serra Da Lastra, el AVE espera ansioso el informe del Ministerio de Economía y el Museo del Vino de Ribadavia está parado ni se sabe por qué. La inversión en el nuevo edificio judicial sigue paralizada por un papel. Claro, que sus promotores no son ni Hipercor ni Eroski. Si el problema del conselleiro Hernández era no tener que compartir la primera piedra con el alcalde, Francisco Rodríguez, ya no existe ese riesgo desde el pasado día 28. Y es que hay que tomárselo con calma, poco a poco. Como hace Baltar, que sigue entretenido haciendo punto de cruz con el empleo público para tejer una buena alfombra que le permita seguir en la Diputación.
 
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El comprador de las acciones de Baltar en la SAD CD Ourense no es capaz de explicar por qué aparece indebidamente censado en Xinzo así que tendrá que pensar algo antes de que le llamen a declarar ante el fiscal
 
   
 
el presidente del INORDE y alcalde de Barbadás, José Manuel Freire, decidió arremeter contra el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, por la habitual discriminación que sufre esta provincia. Baltar corrió a darle dos palmaditas en la espalda por si no quedaba claro: basta ya de marginar a los concellos baltaristas, de utilizar el poder de gasto autonómico para continuar ajustando cuentas
 
     
   
 
Quizá Novoa teme que alguna o algunas de las resoluciones del Tribunal Supremo incorporen la coletilla de traslado de las actuaciones judiciales al Ministerio Fiscal por si existen indicios de delito. Le preocupa y con razón. Lo sabe por experiencia propia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia envió a la fiscalía unos autos relacionados con la adjudicación de una plaza de bombero en una oposición siendo Rodríguez Novoa concejal de Personal
 
     
     
     
 
 
     
 
 
 
   

 

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