Más alcaldadas
 
Por ELVIRA CUADRADO
13 de DICIEMBRE de 2010: OURENSE DIXITAL

Una de las principales ventajas de la crisis es que estimula el ingenio. La clase política ha decidido innovar y nos ha sorprendido esta semana con la implantación de la minidosis de medicamentos. La verdad, no hacían falta tantos años de despilfarro para llegar a tal genialidad. No sé ahora cuál era el ahorro anual previsto pero a lo mejor no, llega para pagar los 71 millones de la reciente compra de muebles de la biblioteca del Gaiás. Y si sobra algo será para pagar esas páginas en color de publicidad institucional tan reñidas con la imagen de austeridad que nos quieren dar y que se convierten en un despropósito para quienes no llegan a fin de mes.

Pero exageran quienes sólo ven mala gestión en el sector público. La reciente crisis del mejillón se ha convertido en un aviso práctico para el sector de la pizarra. Son sectores diferentes pero ambos son líderes mundiales en producción y comercialización –la provincia registra más del 60 % del total de las exportaciones españolas- pero además les une su preferencia por utilizar con frecuencia la técnica del stock para controlar el mercado y los precios. Pasado el tiempo, ha quedado claro: pan para hoy y hambre para mañana. Los elevados precios han provocado la entrada de poderosos y emergentes competidores en el mundo de la piedra (China y Brasil).

Mucho más dramática se ha vuelto la situación del sector mejillonero. Su Consejo Rector no pasó una auditoría y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) le ha abierto un expediente al sector por prácticas desleales y contra la libre competencia. Ocurrirá que la factura de esa desastrosa gestión se traspasará el ciudadano. La Xunta está invirtiendo para levantar el solar que dejaron una docena, seguro que ahora multimillonarios. Como se ha perdido mercado exterior, la Xunta quiere que los hosteleros cocinen el mejillón y que los niños coman bocadillos de mejillones. Pero me preocupa que acaben distribuyéndonos en minidosis la multa –que no será pequeña- de la CNC y las subvenciones para sanear al sector y a su Consejo Regulador.

El área de personal del concello de Ourense vuelve a ser noticia. Este departamento siendo un espacio de trilería frecuentado por los sindicatos y concejales con alianzas y guerras grupales difíciles de entender por quienes no controlamos el entramado de adjudicación de plazas de funcionarios y laborales. En una reclamación no banal –nivel 30 y puesto de jefe de asesoría jurídica- un funcionario, Javier García Gago, -un auténtico imán de conflictos en materia de personal- gana un pleito porque un funcionario no hace su trabajo y el silencio administrativo se toma por un acuerdo favorable al reclamante. Ya querrían muchos un trato similar.

Hay una persona, perfectamente identificable, que era responsable del expediente. Incumplió sus obligaciones, causó daños económicos y a la imagen de la Administración. Debe, pues, exigírsele responsabilidad. Si no aparece ningún responsable es que no lo hay (porque incurriría en responsabilidad su superior). Y si no hay ningún funcionario responsable –la edil Carmen Rodríguez así lo da entender- la siguiente pregunta es qué político metió las narices para dar instrucciones –sugerir- que no se moviese un papel de ese tema y cuáles fueron los motivos de ese privilegio.

Hablando de irresponsabilidades, no entiendo la política de los promotores de las termas ourensanas. El Miño en toda su historia nunca ha cambiado su curso y todos sabemos desde pequeños que los ríos tienen crecidas y que entonces se inundan las riberas. Ahora hay que impermeabilizar, crear desagües, construir muros de contención, … ¿Dónde estaban los funcionarios del Servicio de Infraestructuras cuando se diseñaron y construyeron las instalaciones termales? ¿Cuánto dinero público se ha invertido hasta ahora, en construir y en reparar, instalaciones situadas en una zona inundable? ¿Dispone el concello de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica?

Llegan ya las Navidades y con ella una masiva licitación de obras del AVE al igual que ocurrió a finales del año pasado. Quizá sea la inercia histórica del Ministerio de Fomento de evitar invertir en esta provincia dejando la partida sin comprometer hasta por si se le encuentra mejor destino hasta que las exigencias de cierre presupuestario obligan a zanjar las dudas. La Diputación de Baltar traerá carbón para algunos -reducirá su inversión a la mitad en 2011- pero será generosa con los suyos (aumenta el gasto de personal pese a la menor actividad).  La Xunta nos obsequiará con las directrices de ordenación territorial. Si las directrices tardan 13 años, ¿cuándo tendremos la ordenación territorial en este país?  

Y, como todas las semanas, nuevas alcaldadas. En Lobeira el alcalde impide a concejales el acceso a información de expedientes municipales y el de Rairiz de Veiga repartirá entre todos sus vecinos el coste de su capricho personal contra una trabajadora a la que el Tribunal Superior de Justicia le ha vuelto a dar la razón. A ver con qué nos sorprenden la semana que viene los regidores municipales de esta provincia.

 
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En una reclamación no banal –nivel 30 y puesto de jefe de asesoría jurídica- un funcionario, Javier García Gago, -un auténtico imán de conflictos en materia de personal- gana un pleito porque un funcionario no hace su trabajo y el silencio administrativo se toma por un acuerdo favorable al reclamante. Ya querrían muchos un trato similar
 
   
 
Ahora hay que impermeabilizar, crear desagües, construir muros de contención, … ¿Dónde estaban los funcionarios del Servicio de Infraestructuras cuando se diseñaron y construyeron las instalaciones termales? ¿Cuánto dinero público se ha invertido hasta ahora, en construir y en reparar, instalaciones situadas en una zona inundable?
 
     
   
 
Y, como todas las semanas, nuevas alcaldadas. En Lobeira el alcalde impide a concejales el acceso a información de expedientes municipales y el de Rairiz de Veiga repartirá entre todos sus vecinos el coste de su capricho personal contra una trabajadora a la que el Tribunal Superior de Justicia le ha vuelto a dar la razón
 
     
     
     
 
 
     
 
 
 
   

 

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