"Hablo de dotes oportunistas porque a ustedes la huelga del transporte no le importaba nada, pero el incidente les ha venido muy bien", empezó argumentando la portavoz del grupo del PP en el Concello de Ourense, Flora Moure, para rebatir el apoyo a la moción del grupo socialista por la que el PSOE pidió en el Pleno de mayo la dimisión de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde. El asunto prosperó con el apoyo del BNG, Ciudadanos y los exDO, además del PSOE, y con el voto en contra de los del propio Pérez Jácome y la abstención del Partido Popular.

Más allá de delimitar con claridad el posicionamiento de los grupos, la votación confirma que los populares mantienen una especie de ni sí ni no sino todo lo contrario a Pérez Jácome que, con las elecciones municipales de 2023 a un año vista, significa que los populares se irán del gobierno municipal cuando lo consideren oportuno, pero no con una moción de censura contra el actual alcalde como la oposición lleva meses proponiendo. En este punto, la componente estrictamente política derivada de la cuestión laboral de la huelga de los autobuses, encalló, una vez más, contra el muro de que sin los populares no habrá moción de censura y sin moción de censura Jácome seguirá en la alcaldía. Reprobaciones, condenas públicas y otras figuras retóricas serán eso, simplemente, nunca medidas efectivas.

• PEREZ JÁCOME: "No lo saben pero lo apoyo. Esto es como el que dice dime de lo que hablas y me opongo"

En cuanto al conflicto laboral que desencadenó la tormenta, el Pleno no dejó claro, siquiera, cuánto pide de incremento la plantilla de los 126 trabajadores de Urbanos de Ourense. Ni siquiera si los grupos políticos lo saben o lo desconocen, pues cuando tras 18 minutos de debate el alcalde les preguntó por el asunto, los portavoces enmudecieron. Así que nadie rebatió con un porcentaje el 30% que se dice que dijo el alcalde en no se recuerda qué ocasión, lo que le permitió a Jácome afirmar: "no saben lo que es pero lo apoyan". Y todos callaron. Lo que le permitió al regidor advertir a renglón seguido del riesgo que supondría para las cuentas municipales 7 millones al año de costes, un déficit de 3,5 millones, "habría que subir impuestos, endeudarnos o lo que haga falta...".

De lo poco claro que dejó el Pleno en relación a la situación del transporte urbano de la ciudad y la injusta situación de su plantilla, sobresale que la concesión lleva 7 años en precario, los que lleva caducada; que una sentencia el Contencioso Administrativo reconoce a la empresa un 6% más de beneficio y penaliza al Concello con un 3% de intereses de la deuda; que las partes llevan 33 meses negociando (o algo similar) la revisión del convenio colectivo; que los trabajadores van por el tercer año consecutivo sin percibir incremento salarial alguno; y que en cuanto se habla del de 2023 (el año que viene), la negociación estalla cuando la empresa ofrece un 0,5% pese a que al cierre de marzo el IPC ya había subido un 9,8%.