Con posterioridad a la providencia del regidor ourensano, "el Grupo Municipal del PP y en concreto la concejala de Urbanismo, Sonia Ogando", emitía un comunicado en el que decían tener puntos de vista y criterios "totalmente contrarios a las modificaciones planteadas por el alcalde". La concelleira alude a la hora de explicar en qué basó su proceder, al "principio de prudencia y seguridad jurídica", una vez que, reitera, no está de acuerdo "con muchos de esos cambios".

De modo que "creyó conveniente la solicitud de varios informes jurídicos, que obtendría en el plazo de un mes, aproximadamente". Y, reitera: "decisión tomada por un principio de prudencia, seguridad jurídica y para evitar futuras repercusiones económicas y evaluar las posibles indemnizaciones millonarias a las que tendría que hacer frente esta ciudad".

En ningún momento indica la concelleira que el alcalde estuviera al corriente de sus decisiones, y que en los casi 8 meses transcurridos desde finales de junio, comunicara tal proceder al regidor municipal. Sí se destaca que "la providencia dictada por el alcalde solo revoca la paralización cautelar, en ningún caso los informes técnicos y jurídicos solicitados por la concelleira de Urbanismo, petición que se mantiene". Al tiempo que Sonia Ogando responde públicamente que "seguirá adelante con la solicitud de dichos informes técnicos y jurídicos y cuantos otros considere oportunos".