Tras 4 horas de declaraciones individuales de los miembros del Tribunal evaluador ante la Comisión de Control que revisa el proceso para seleccionar la cobertura de una plaza de trabajadora social en el Concello de Verín, la Comisión dio por concluido el proceso aclaratorio este viernes, que incluyó también la comparecencia de la trabajadora del Concello a la que se encargó elaborar las preguntas de la prueba técnica. A eso de la una de la tarde, la Comisión acordó que los integrantes de las partes que la conformaban, lo sindicatos CIG, Comisiones Obreras, CSIF y el Concello de Verín, elaboren cada una su propuesta de dictamen a partir de sus propias conclusiones, que conjuntamente la Comisión evaluará el jueves, 17, en una reunión fijada para la una de la tarde.

De este modo concluye el proceso de escuchar a las partes la Comisión de Control, el que se llevó a cabo durante esta semana. Al inicio del proceso, el Concello de Verín ya comunicó el miércoles la suspensión de todo el procedimiento con carácter temporal. El proceso llevado a cabo se situaba a la altura de haber sido la hija del regidor municipal, el socialista Gerardo Seoane Fidalgo, la ganadora del proceso tras haber logrado la mejor puntuación con una sustancial diferencia sobre el resto de los aspirantes. Y el alcalde, por su parte, manifestando que "mi hija es igual que los demás, pero tan igual como todos", así como que el Concello asumirá la resolución de la Comisión "sea lo que sea lo que dictamine".

Ni hubo temario de la prueba ni garantías de custodia, afirma la CIG

A la conclusión del proceso de escuchar a las partes la Comisión de Control, la central sindical CIG, ya concluye que "el proceso selectivo no respetó el procedimiento legalmente establecido". Para la Confederación Intersindical Galega, no existió ni acta de constitución del Tribunal; ni designación de la supuesta asesora encargada de elaborar las preguntas del proceso selectivo; ni ningún temario de la prueba "a pesar de lo declarado por el alcalde del Concello de Verín", asegura.

Tampoco existió la debida garantía en la cadena de custodia de la prueba que se había elaborado, dice la CIG. Y sí se produjeron "diversas contradicciones entre los miembros del Tribunal acerca de la alegación de anomalías", llegando varios a reconocer que las alegaciones habían sido asumidas por todos, señala esta central sindical. Que avanza que evaluará en relación a este último extremo la posibilidad de emprender acciones por otras vías que no sean la puramente administrativa.