La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, la magistrada Eva Armesto, ha ordenado el archivado de las actuaciones derivadas de dos denuncias de 26 y 31 del mes de agosto pasado contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, así como el sobreseimiento provisional de las actuaciones llevadas a cabo a raíz de tales denuncias. La jueza no considera probada la supuesta imposición de donaciones a Democracia Ourensana, como denunció el 31 del mencionado mes uno de los contratados por el partido y, por otra parte, la "falta de transparencia en la gestión económica de los recursos del grupo municipal de DO" a la que aludían los cinco concelleiros en la suya de 26 del mismo mes, en la que también se referían a la imposición de Pérez Jácome de hacer donaciones a DO.

El pronunciamiento judicial, contra el que todavía cabe recurso de reforma en el plazo de 3 días o de apelación en el de 5, tiene en lo político un considerable alcance habida cuenta de que fue en la denuncia del 26 de agosto en la que se apoyaron cuatro de los díscolos para desmarcarse de la disciplina de DO (Mario González, firmante también del escrito, optó por la dimisión) y romper el grupo municipal de DO. Posteriormente, tras la ruptura de Miguel Caride, Manuel Álvarez, María Dibuja y María Teresa Rodríguez y sin esperar al pronunciamiento judicial que se hizo público este martes, el Partido Popular rompió unilateralmente el acuerdo de gobierno con DO en el Concello de Ourense dejando a Pérez Jácome en un exiguo gobierno municipal de un alcalde y dos concelleiros.

Ahora, la magistrada falla en el caso de las donaciones presuntamente impuestas de las que se acusaba al presidente de DO, que "no concurre prueba de la vinculación de las donaciones a que hacen referencia los denunciantes con el nombramiento por parte del alcalde del personal eventual", ni que tales se producen en todos los nombrados ni que exista coincidencia en lo declarado entre unos y otros en relación a su presunta obligatoriedad. Por lo que respecta a las supuestas anomalías en la gestión económica denunciadas el 27 de agosto por los de Miguel Caride, coincide la jueza en lo manifestado públicamente por el propio Pérez Jácome en varias ocasiones: que "la fiscalización y control de las cuentas y gestión económica ha de llevarse a cabo por el Tribunal de Cuentas, no siendo la jurisdicción penal la vía adecuada". Por lo que la jueza falla que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la causa", ordena archivar las actuaciones y el sobreseimiento del caso.

El galimatías de las donaciones y la supuesta obligatoriedad de hacerlas

Las declaraciones de políticos y asesores de DO que fueron llamados a declarar en relación a las aportaciones económicas al partido y la presunta obligatoriedad de hacerlas, resultan tan poco homogéneas como a veces contradictorias y rara vez concluyentes. Así la concelleira María Teresa Rodríguez aseguró donar 200 euros mensuales a DO "impuestos por el investigado" (Pérez Jácome), pero su compañera María Dibuja "no realizó donación alguna". Manuel Álvarez Fernández "no sabe si eran de carácter voluntario", y Mario González "se retractó de la denuncia y dijo desconocer la naturaleza de las mismas".

Varios asesores dijeron no haber hecho donación alguna al partido, otros dijeron que sí pero que no lo hicieron forzados a ello sino voluntariamente. Uno de ellos afirmó haber sido requerido a que donara, pero no donó "al no estar de acuerdo". Y el propio autor de la denuncia del 31 de agosto solo aportó en el Juzgado como prueba de la obligatoriedad de donar, que cuando dejó de hacerlo cambió de trabajo de asesor a auxiliar político con la correspondiente merma salarial.