Las ayudas del Covid-19 de la Deputación de Ourense valen, nadie tendrá que devolver y se acabó el culebrón

Nada punible en las bases, dice la Abogacía del Estado. Y en cuanto a si la Deputación es competente o no para tales ayudas, debe decirlo la Xunta. Subdelegación del Gobierno de Ourense archiva el caso

   
Rafa Villarino | Manuel Baltar (ARCHIVO)
15 de Julio de 2020: OURENSE DIXITAL

Las subvenciones de la Deputación de Ourense a autónomos y pequeñas empresas de la provincia por los efectos del Covid-19 son firmes, y se descartan las devoluciones de cantidades así como cualquier otra medida, una vez que la Abogacía del Estado ha concluido que "no hay vulneración de la legislación básica del Estado en las citadas bases". Tras lo cual, Subdelegación del Gobierno en Ourense ha informado a primera de la tarde de este miércoles que archiva las actuaciones relativas a dichas bases reguladoras de las subvenciones.

El asunto, objeto de una polémica que se ha proyectado a las elecciones autonómicas del pasado domingo entre populares y el socialista Rafael Rodríguez Villarino, número 1 del PSdeG-PSOE en esta provincia, concluye sin alteración alguna respecto a cómo la Diputación de Ourense creó y tramitó las ayudas. Concluye un affaire que arrancó con el "requerimiento verbal" (como el propio Villarino lo llamó) del socialista al subdelegado del Gobierno; el correspondiente requerimiento de documentación relativa al asunto de Subdelegación a la Diputación; y, finalmente, el estudio del caso y el pronunciamiento de la Abogacía del Estado validando el proceder de la institución provincial.

Indica la Abogacía del Estado al respecto, según da cuenta Subdelegación del Gobierno de Ourense, que "no hay vulneración de la legislación básica del Estado en las bases". Y que en cuanto a si la Deputación de Ourense tiene competencias o no para otorgar dichas subvenciones, le corresponde resolver a la Comunidad Autónoma de Galicia. Y en tal situación, concluye la Subdelegación del Gobierno en Ourense que "no procede realizar actuación alguna en el ejercicio de las competencias revisoras de actos y acuerdos de las Entidades Locales que corresponden a la Administración General del Estado".

 
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