Los familiares de los jóvenes con discapacidad de la provincia que sigue esperando la puesta en marcha del Centro que la Xunta de Galicia está construyendo en Ourense, han vuelto a expresar este martes su inquietud por la falta de compromisos de la Administración autonómica. No tanto por la obra propiamente dicha como, recordaron, por la negativa de la Xunta a comprometer asistencia pública en el centro. De este modo siguen sin poder descartar que la Xunta externalice servicios tan sensibles, posibilidad a la que los padres de los discapacitados siguen oponiéndose frontalmente.

"Non se pode xogar con este tipo de dependencia porque son persoas que nunca che van decir si están ben ou non", afirmó una de las integrantes de la Plataforma Pro CAPD que este martes han vuelto a denunciar la situación. La Plataforma no descarta la vuelta a las movilizaciones, como afirmó Elena Domínguez: "se temos que saír á rúa sairemos, e si temos que ir ás portas do Parlamento iremos". Los padres y madres de los futuros internos del nuevo centro ourensano recalcaron que ahora "non loitamos polo que xa temos, un centro público con prazas públicas, senón porque o centro se atenda con traballadores públicos, traballadores que dependan da Xunta", insistieron.

La duda no se disipa pese a que los padres llevan meses pidiendo a la Xunta que lo haga. El 1 de agosto ya se movilizaban en las calles ourensanas, y ya entonces pedían no la construcción del centro sino que se les aclarara si las nuevas instalaciones serán atendidas por personal de la Xunta o a través de una concesión.