El caso de las pantallas gigantes de Ourense podría acabar en el Fiscal General de Seguridad Vial de Galicia
 
Creen que todo el proceso está "viciado y plagado de irregularidades", y piden a la Jefa de la PL ourensana que defienda la dignidad del cuerpo exigiendo que se cumplan las condiciones establecidas en sus informes
 
 
 
 
 
 
25 de JUNIO de 2018: OURENSE DIXITAL

El peculiar y hasta pintoresco sistema de adjudicación de Mupis y pantallas gigantes de esta ciudad por el Gobierno municipal de Jesús Vázquez, así como su ubicación y la inseguridad viaria que representan dichas pantallas, especialmente, lleva camino de terminar en el Fiscal General de Seguridad Vial de Galicia, Carlos Gil García. Así lo han adelantado a este medio agentes de la Policía Local de Ourense, entre los que se hallan algunos que, en su momento, iniciaron acciones legales ante el Concello reclamando con la instalación de las pantallas tal y como, finalmente, el actual Gobierno las permitió.
Ante lo que consideran "otro monumental escándalo en la ciudad", estos agentes, asimismo, exigen a la Jefa de la Policía Local de Ourense, María Barrera, tanto la defensa de la seguridad vial en la ciudad como "la defensa del honor de este cuerpo". En ambos casos, los agentes aluden a los informes emitidos por la responsable del cuerpo policial de la ciudad en los que fijaba condiciones para la instalación de dichas pantallas gigantes. En ningún caso, reiteran, dichas condiciones han sido tenidas en cuenta por la concesionaria del servicio, lo que el Gobierno de Jesús Vázquez ha consentido y María Barrera ha omitido exigir cumplir. Y se reitera que, a día de hoy y tal y como dichas pantallas se hallan orientadas, constituyen en, al menos, algunos casos "un claro atentado contra la seguridad del tráfico".

Desde la Policía Local se advierte de un posible escándalo de considerables proporciones que podría terminar con concelleiros del Gobierno municipal en los tribunales de justicia: "estamos hilvanando los últimos flecos" y se anuncia en breve la denuncia ante el Fiscal General de Seguridad Vial de Galicia. Denuncia que llegaría "tras un año y medio de investigaciones" y un proceso "viciado y plagado de irregularidades".

 
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