El affaire de las asistencias técnicas del Concello de Ourense condena al exalcalde y a tres exconcelleiros más
 
La sentencia, de confirmarse, sitúa fuera de cualquier actividad política a los cuatro (ya lo están), aunque no afectaría a los actuales puestos de trabajo que ocupan
 
 
 
 
 
23 de FEBRERO de 2018: OURENSE DIXITAL

Cuatro exconcelleiros del Concello de Ourense de los seis que en su día tuvieron que comparecer ante la titular del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, la magistrada Susana Pazos Méndez, han sido condenados a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el caso de las contrataciones externas (5) para el área de Rehabilitación y PERI del Concello de esta ciudad. Aunque la sentencia todavía no es firme al caber contra ella recurso de apelación, inhabilita al ex regidor municipal del PSOE, Francisco Rodríguez, a la ex concelleira socialista de Urbanismo, Áurea Soto, y a los ex concelleiros del BNG Fernando Varela y Xosé Carballido.

El pronunciamiento de la titular del 2 de lo Penal de esta ciudad establece la "inhabilitación especial para empleo o cargo público, pena que comprenderá los cargos de Alcalde y Concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito autonómico o estatal durante el tiempo de la condena". Por lo que cabe entender que la inhabilitación se ciñe al ámbito político de los cuatro condenados y no a al trabajo que también los cuatro desempeñan en distintas administraciones públicas. Por contra, la sentencia exonera de responsabilidad a Xosé Somoza Medina y a Iolanda Docampo.

De confirmarse tal extremo, el alcance de la sentencia perjudicaría a los cuatro en, únicamente, cualquier proyección política que pudiera caberles en los próximos 7 años, aún convirtiéndose tal fallo en firme. La magistrada Susana Pazos considera probado que los condenados actuaron prorrogando de manera intencionada las asistencias técnicas de 5 profesionales externos "a pesar de conocer que se actuaba contra la normativa existente". Situación sobre la que pesa el agravante de que los cuatro sabían de "los múltiples reparos presentados por el Interventor a las facturas que los contratados presentaban".
La causa se formó a raíz de las denuncias que en octubre de 2013 realizaron en representación de los sindicatos CIG y USO, Javier García Gago y Julio Domínguez Seara, respectiva.

 
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