La Deputación de Ourense no tendrá que devolver los 10,1 millones de euros de las ayudas europeos a los proyectos Daredo y Deputrans que en su día fueron concedidos a varios concellos de esta provincia para la instalación de depuradoras de aguas residuales. La Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo atiende los argumentos de la Deputación ourensana y falla que no procede el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado que pedía el reintegro de dichas subvenciones. El fallo impone, además, que las costas las pague la administración recurrente es decir, el Estado.

La institución provincial ourensana entiende que, con este fallo, el caso llega a su final y, definitivamente, la administración provincial no tendrá que devolver esos 10,1 millones de euros de los fondos FEDER que en su día se le concedieron a dichos proyectos. Ya que contra el fallo del Supremo no cabe recurso.