La Deputación de Ourense estaría dispuesta a pagar 2,7 millones de euros por unos 40.000 ejemplares de un diario local publicados desde 1910 de los que ya dispondría la Administración pública, asegura ahora Democracia Ourensana, tras denunciar este lunes la operación de compra que ha empezado a materializar la institución provincial con el abono de los primeros 900.0000 euros con cargo al año en curso. Según los de Pérez Jácome, lo que Baltar Blanco dice haber comprado obra ya en la Biblioteca Pública de Concejo de esta ciudad a disposición de todos los ourensanos, y la digitalización de todo el soporte físico ya está en el proyecto Galiciana de la Xunta de Galicia.

El portavoz de Democracia Orensana advierte de que "la parte justificativa del negociete es muy endeble", y alude a que la Deputación de Ourense va a pagar por algo que ya ha sido comprado o, cuando menos, es de público acceso. Pone en duda las valoraciones de "expertos" que,  como Amando de Miguel y el ex director de la Agencia EFE, Sobrado Palomares, "no dejan de emitir criterios subjetivos", y reitera que las ilegalidades que supone la operación económica de los 2,7 millones de euros "quebrantan líneas de la competencia desleal, de la malversación de caudales públicos y se adentran en el derecho penal, además de otras irregularidades administrativas susceptibles del contencioso".

DO reitera su decisión de ir contra la operación que ha supuesto ya el abono el pasado 26 de este mes de los primeros 900.000 euros vía judicial, y anuncia de cara al Pleno de junio de la Deputación de Ourense una propuesta plenaria para corresponsabilizar de los 2,7 millones de ayuda al diario La Región a los 14 diputados del Partido Popular en la Corporación Provincial. Jácome advierte de que la compra en 2.700.000 euros de los 40.000 ejemplares de este diario, supone pagar cada número a 65 euros, "un sobre coste de 65 veces el precio de compra, hablamos pues del sueño de todo coleccionista especulador". A lo que hay que añadir que la Deputación no tendría por qué pagar nada, pues establece la Biblioteca Nacional de España que en el caso de tales archivos, "al menos para las administraciones públicas, valgan cero euros".