El senador socialista por Ourense, Luis García Mañá, impulsa en la Cámara Alta una iniciativa por la urge al Gobierno del Estado a cumplir la normativa en materia de instalación de depósitos para sustancias aprehendidas y, con ello, acabar de una vez por todas con la inseguridad física y jurídica de los funcionarios. García Mañá advierte que "no se puede facilitar" que las drogas incautadas vuelvan al mercado ilícito y se distribuyan "por carecer de custodia eficaz".

Con ello, García Mañá aboga tanto porque no se genere que con dicha práctica peligros para la salud pública derivados, por ejemplo, de una deficiente conservación de dichas sustancias; como evitar la comisión de "nuevos delitos", como sostiene que ya ocurrido en algunos puntos del país. El senador advierte al Gobierno español que tiene la obligación, además, de dotar a los funcionarios de "los medios más idóneos" para cumplir sus cometidos. Y evitar la inseguridad jurídica que se produce a veces "debido a sus propias carencias o desaciertos".

En la peculiar situación que se produce en algunas ciudades del Estado español, García Mañá alude al caso de Vigo: tendría que haber un depósito de dichas sustancias provenientes de incautaciones, pero "no sólo se ignora el lugar físico de sus instalación sino que se desconoce cuándo se instalará". Y por ende, se ha prescindido del existente en la ciudad de A Coruña, como en otras 19 áreas de este país. García Mañá insiste: "no se puede facilitar que las drogas incautadas vuelvan al mercado ilícito y sean distribuidas por carecer de una custodia eficaz".