Los asuntos relativos a lo judicial fueron lo más destacable de lo tratado este jueves en la reunión semanal de la Xunta de Goberno del Concello de Ourense. Y entre esos asuntos destaca el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando la pretensión de un particular que reclamaba al Concello se le abonasen 3,4 millones de euros por la caída del Plan de Urbanismo de 2003, en concepto de daños y perjuicios causados.

La empresa los reclamaba por gastos sufridos en el desarrollo urbanístico proyectado en el Área de Reparto AR-17, así como 2,6 millones de euros en concepto de costes financieros no recuperables. El alto tribunal establece en su sentencia, como ya ocurrió en otros casos anteriores, que la mera aprobación del planeamiento no es suficiente para patrimonializar las expectativas urbanísticas surgidas del hecho en sí, para lo cual sería necesario que la empresa hubiera llevado a cabo el desarrollo completo de lo proyectado en dicho suelo en los plazos establecidos, lo que la empresa no llegó a hacer. De este modo, el TSXG ahorra al Concello los 3,4 millones de euros solicitados por dicha empresa, lo que el alcalde calificó de "moi favorable para este Concello".

Ha sido el principal asunto de los tratados este jueves por la Xunta de Goberno del Concello de Ourense, en una sesión dominada por cuestiones inherentes a la "Avogacía consistorial", y de escaso relieve en todo lo demás.