Las bajas temperaturas que han predominado en lo que va transcurrido de este invierno, han vuelto a generar pingües beneficios para las suministradoras de combustibles españolas con la colaboración del Gobierno español a costa de los contribuyentes. España sigue sin aplicar la Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética que debería haber transpuesto el pasado 1 de enero, lo más tardar, y que estipula la instalación de contadores de agua y calefacción o medidores individuales de consumos en todos los inmuebles con dichos servicios centralizados. Lo que obligaría a pagar a cada vecino de cualquier edificio su propio consumo en vez de la media del total de los mismos. Al mismo tiempo, la medida que conllevaría un uso más racional de la calefacción y el agua caliente, supondría la reducción de la media de 61 toneladas de CO2 al año que se calculan que generan.

Mientras crecen en toda España las reclamaciones de propietarios de viviendas en tal sentido lo mismo que en la capital ourensana, los administradores de comunidades responden a dichas reclamaciones con la no obligatoriedad de la instalación de contadores y la negativa de algunos propietarios a hacerlo. Para aquellos que consumen sin el menor control, la inhibición del Gobierno español en la aplicación de la Directiva comunitaria les beneficia: pagan todos lo que ellos gastan por encima de lo necesario. Un estudio realizado por la Universidad de Alcalá para la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, la AERCCA, concluye que si se instalaran repartidores de costes de calefacción válvulas termostáticas, se ahorraría en torno a una cuarta parte de la media de los consumos actuales.

El estudio "demuestra la urgencia de adoptar medidas de eficiencia energética en España", señala la AERCCA, que incide en que "los repartidores de costes de calefacción y válvulas termostáticas representan una medida asequible y eficiente para cumplir con nuestros compromisos como país y mejorar los hábitos de consumo de las familias españolas". El estudio concluye que "la reducción de emisiones por la contabilización individuales equivales a las emisiones generadas en un vehículo por el consumo de 251 litros de gasolina", y la AERCCA alude a que en España el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero las generan las viviendas familiares. De este 24%, casi tres cuartas partes, el 71%, corresponden a las emisiones de calefacción.

En tal situación, el Gobierno español no sólo continúa sin hacer nada por corregir la situación, sino que fuerza el límite el procedimiento administrativo para trabar la aplicación de la normativa europea. Y de paso que beneficia los intereses de las suministradoras de gas, carburantes y electricidad, perjudica a los que consumen con criterios de eficiencia. Tampoco hay que obviar que mientras muchos de ellos reclaman ante los administradores de las comunidades de propietarios la instalación de los sistemas de medición que establece la normativa europea, a éstos tampoco les va mal porque cuanto mayores sean los consumos mayores seguirán siendo los porcentajes.