La Deputación de Ourense no tendrá que devolver los 10,1 millones de euros (exactamente 10.123.053) que le reclama la Unión Europea por un presunto fraude en la gestión de fondos europeos para las 107 depuradoras instaladas en su día en la provincia ourensana con cargo a los planes Deputrans y Daredo que gestionó el entonces presidente de la Deputación ourensana, José Luis Baltar Pumar. El asunto ha prescrito, según establece ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. La Sala falla que "debemos anular y anulamos la misma al entender que ha prescrito la acción de reintegro que dio lugar a la resolución que se impugna", según este sábado dio a conocer el titular de la Deputación ourensana, Manuel Baltar.

La sentencia no es firme ya que contra ella cabe en el plazo de días recurso en casación ante el Tribunal Supremo, pero el titular de la Deputación ourensana dijo confiar en que el Estado no ejercerá tal recurso "porque la prescripción está suficientemente avalada". Llegado a este punto, Manuel Baltar incidió en la firmeza con la que la institución provincial y sus juristas se mantuvieron en tal extremo, y los felicitó públicamente al entender que el fallo del Contencioso-Administrativo "es una victoria jurídica que favorece a toda la provincia". También en relación a los que cuestionaron sistemáticamente el proceder de la Deputación en el caso de los planes Deputrans y Daredo y una supuesta resistencia excesiva de la Deputación a devolver el dinero que Europa le reclamaba, Baltar Blanco expresó que "están en su derecho de expresarse libremente", pero "se equivocaron" y dijo confiar en que asumirán que "esta sentencia tiene que contentarnos a todos".

El fallo conocido este sábado cierra el flanco administrativo de la cuestión que todavía quedaba abierto, una vez que el 9 de diciembre pasado el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Ourense, el ahora presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, dictaba sobreseimiento y archivo de la causa por la vía penal.
A finales de septiembre pasado, hace ahora un año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas planteaba la aportación de la mitad de la "deuda" de la Deputación a Europa, 5 millones de euros, con cargo a los 4,9 que el Ministerio de Cristóbal Montoro le adeudaba a la Deputación ourensana del Plan Operativo Feder 2007-2013. Sin embargo esta operación no llegó a consumarse, según indicó la propia Deputación de Ourense este sábado. Lo que limita el alcance de dicha sentencia a que sólo la Deputación de Ourense no tenga que pagar y no que, además, el Estado tuviera que abonarle los 4,9 millones de euros retenidos a la Deputación ourensana.

El cierre de la puerta administrativa que hasta ahora le quedaba al caso tras el portazo de diciembre pasado a la vía penal, parece empezar a concluir un asunto plagado en su momento de denuncias, y que la oposición en la Deputación cifró en su día en "un pelotazo" de unos 6 millones de euros entre las 107 depuradoras instaladas en esta provincia, a razón de una media de 60.000 euros por depuradora, según los cálculos del senador socialista, Miguel Fidalgo, expuestos el 23 de abril del pasado año.