El derribo este jueves de la vivienda de Reza levantada en "suelo no urbanizable o rústico" y "sin licencia", según establece el Contencioso-Administrativo núm. 1 de esta ciudad en una sentencia por la que obliga al Concello de Ourense a derribar, se ha quedado en intento. Pero en intento con profusión de Orden en detrimento de Ley, al punto de que sólo se consumaron los esfuerzos de las Fuerzas de Orden Público para confundir limitar el acceso a la vivienda hasta impedir a los medios de comunicación hacer su trabajo de informar.

El intento de derribo se queda en una nueva fecha, la del próximo lunes, en la que se intentará en segunda tentativa consumar lo que la sentencia establece, derribar. En tanto, el Concello de Ourense ha de buscar sustituto del director del proyecto de derribo, que renunció a llevar a cabo los trabajos poco antes de la acometida de este jueves. Además de resolver el caso del desalojo de la familia a la que ha de concedérsele 48 horas para buscar nueva vivienda y librar los enseres que quieran salvar del derribo. A última hora de la tarde de este jueves, el Concello daba cuenta de existir acuerdo con la familia para el correspondiente desalojo previo al lunes, una vez que recoja los enseres que ha de llevarse de la vivienda a demoler.

Pero el intento deja, sobre todo, una profusión de medidas de control del perímetro de la casa por parte de las Fuerzas del Orden que llegó a cercenar las labores de información de los medios de comunicación la mañana de este jueves. Extremo que refrenda el Colexio de Xornalistas de Galicia que, en un comunicado emitido al respecto, "condena a actuación da Policía".
El Colexio de Xornalistas acusa a a la Policía Nacional y a la Policía Local de haber trabado las labores de los medios de comunicación: en el caso de la primera porque "lles impediu o paso, malia a que o propietario convidara os xornalistas a accederen ao predio"; a la Policía Local por el corte operado desde tempranas horas de la mañana en los accesos a la vivienda de Rosa Alonso y Miguel Fernández.

El intento de demolición de ese jueves deja para el responsable de las Fuerzas del Orden en esta provincia, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, apercibimiento del Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia al que el Colexio ha trasladado sus quejas y su indignación por la actuación policial. Se le reclama que no obstruya las labores de los medios de comunicación, y se le recuerda que la información es un derecho del ciudadano en estados democráticos y constitucionales.