Un nuevo auto de la juez de Lara solicita más datos relativos a la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Ourense, y amplía las sospechas a una tercera empresa relacionada con la comunicación, Nácher Publicidad, y a 22 cargos electos y de libre designación del PP de Ourense.
La ampliación de documentación emana de las declaraciones realizadas ante la titular del 1 de los juzgados de Lugo que lleva el caso de la Operación Pokemon del ex gerente del PP de Ourense, Emilio Pascula, que en un primer momento comprometían, sobre todo, al ex presidente del PP y de la Deputación ourensana, José Luis Baltar Pumar.

Sin embargo, la autoridad judicial establece la sospecha de que la presunta financiación ilegal del partido podría extenderse a las actuales fechas y al actual presidente del partido, José Manuel Baltar Blanco.
En tal línea, la jueza abre la vía de la investigación judicial en relación con la mencionada empresa de publicidad ourensana, Nácher Publicidad, S.L., y 22 cuadros del partido en Ourense.
Entre ellos están el actual subdelegado del Gobierno en esta provincia, Roberto Castro; el parlamentario autonómico y Vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices Vieira; el secretario de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda; la directora xeral de Familia de la Xunta, Amparo González; el portavoz del PP en el Concello de Ourense y segundo de Baltar Blanco en la estructura provincial del partido, Rosendo Fernández; e, incluso, la gerente de Xestión Integrada de Ourense, Eloína Núñez Masid.

La lista abarca también al ex alcalde de Ourense y actual parlamentario autonómico, Enrique Poly Novoa, y al ex concelleiro y parlamentario nacional por esta provincia, Guillermo Collarte. Así como a otros concelleiros y ex concelleiros del partido en el Concello de esta ciudad, junto a la concelleira carballiñesa Pilar Caride.
La jueza quiere investigar si para la supuesta trama de financiación ilegal del partido, a través de estas y otras empresas el PP de Ourense facturó a través de estas 22 personas a las que ahora Pilar de Lara ordena investigar. Y las actuaciones abarcan el período de 10 años comprendido entre 2005 y, ahora, este 2014.