La situación de las cámaras de Lugo, Ferrol y Ourense se produce con la inhibición de la Xunta, dicen los trabajadores
 
Los trabajadores de las cámaras gallegas apremian a la Xunta de Galicia a hacer lo que es preciso y le compete hacer a la Administración autonómica, para que las cámaras sigan siendo viables y las plantillas también. Lo que ocurre en las de Lugo, Ferrol y Ourense sucede también con la inhibición del Gobierno de Feijóo: de las 27 funciones asignadas a las cámaras, 13 son competencia de la Xunta desarrollarlas
 
 
 
 
 
24 de MAYO de 2014: OURENSE DIXITAL

"Que se agilice el desarrollo de la normativa autonómica de las Cámaras con el fin de definir el futuro modelo cameral en Galicia y garantizar la prestación de servicios a las empresas", es lo que piden los trabajadores de las cámaras de comercio gallegas a la administración tutelante, que no es otra que la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia.
Lo han hecho en un escrito remitido desde la Asociación de Empleados de las Cámaras de Comercio de Galicia, en el que aluden a los casos que se han producido en las cámaras de Lugo y Ferrol y, recientemente, también en la de Ourense.

Los trabajadores aluden a agilizar la normativa autonómica de forma que se puedan facilitar servicios a las empresas que, a su vez, garantice el trabajo de estos trabajadores y, con ello, los puestos de trabajo. De continuar en la línea en la que se está "las dificultades económicas se irán agudizando", y se correrá el riesgo de no poder atender las necesidades de las empresas y poder seguir prestando los servicios y los programas actuales, advierten los trabajadores.

Los trabajadores recalcan a la Xunta de Galicia que, de las 27 funciones público-administrativas que la Ley básica fija a las cámaras, casi la mitad, 13, son de desarrollo autonómico es decir, en el caso de Galicia le compete desarrollarlas la Xunta. De ahí que pidan que se abra una "nueva etapa en las relaciones institucionales" de ambas, Xunta y cámaras.
Ahora, la Asociación de Empleados de las Cámaras gallegas anuncian que van a solicitar reuniones con los partidos políticos con representación en el Parlamento de Galicia, para hacerle llegar las propuestas de estos trabajadores.
Dado, además, que el tiempo apremia, ya que el plazo para tener lista y aprobada la nueva normativa autonómica expira en enero del próximo año, 2015.

 
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