El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, trasladó este jueves a la Fiscalía un posible caso de "corrupción" en el seno del propio Concello de la capital ourensana, por el que, "de forma burda", según el regidor municipal, se falsificó un documento de un vecino del alcalde de la calle Clara Corral Aller, donde está la vivienda del primer edil de Ourense.
No es asunto baladí, denunció el regidor municipal, porque explicó al Fiscal de la Audiencia de Ourense Agustín Fernández, que ese documento fue el que hizo "resucitar" el expediente del asunto.
Y, a la postre, provocó el informe del Interventor Municipal que reclama al regidor de la capital ourensana 28.000 euros en concepto de obras de urbanización de dicha calle que le corresponden a su vivienda.

Agustín Fernández insiste en que es prueba de la operación que persigue acabar con el actual Gobierno municipal de Ourense, tesis en la que algunos concelleiros vienen insistiendo últimamente, y afirmó tratarse de "un caso sin precedentes".
Además de que se esclarezca la autoría de la presunta del cambalache documental, el alcalde pide también quienes son los "instigadores y alentadores" de esta operación. Y con ello, se infiere, de la "trama" que está detrás de la operación de "acoso y derribo" al Gobierno municipal de la que viene hablando Agustín Fernández y algunos de sus concelleiros más próximos.

En el escrito que materializó este mismo jueves ante Fiscalía de Ourense la concelleira Áurea Soto, se indica la comisión de un presunto delito de "suplantación de identidade e falsidade de documento público".

El PP alude a documentos "oficiais", y su portavoz le dice al alcalde "que pague"

"Esto non é máis que unha burda manobra para desviar a atención do realmente importante", señaló a los pocos minutos de conocerse la actuación del alcalde y la concelleira Soto ante Fiscalía de Ourense, el portavoz del PP en el Concello de Ourense, Rosendo Fernández.
Lo realmente importante, recalcó el portavoz del principal grupo oposición, es que "o alcalde pague os 28.000 euros que debe pola urbanización da súa casa".

Rosendo Fernández recalcó que la denuncia presentada en su día por su Grupo en relación al caso, "está baseada en documentos oficiais do expedente de esta obra", y que dichos documentos están "custodiados" en el departamento de Urbanismo de Áurea Soto.
Admitió que "nos sorprende" la denuncia presentada este jueves por el alcalde de "suplantación de identidade e falsidade de documento público", pero, concluyó, "máis aínda que as actuacións deste Goberno municipal estén xa fora de toda lóxica".