La querella presentada por la letrada María Cid en representación de la secretaria-interventora del Concello de Trives, evidencia una especie de vacío de legalidad municipal a la que ninguna institución ha logrado hasta ahora poner freno.
Menciona desde los requerimientos hechos al alcalde por la oposición en el Concello, como las actuaciones de la Dirección Xeral de Administración Local, el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores e, incluso, el Defensor del Pueblo.

Revela también que desde la Deputación de Ourense su presidente advirtió al alcalde "en varias ocasiones" de que la situación del Concello era, cuando menos, "irregular".
Y a todo esto, señala también el escrito de la letrada de la secretaria, que el alcalde respondió con informes "de dudosa legalidad" en los que se amparó para gobernar por decreto. No en vano contrató, posiblemente con cargo a las arcas municipales, los servicios de una asesoría jurídica radicada en Guadalix de la Sierra, Madrid, a la que la oposición sospecha que podría estar pagando en torno a los 20.000 euros anuales.
Está por ver si será ahora la que se encargue también de la defensa del regidor municipal en la querella presentada este martes.

Como quiera que sea, por mucha prisa que se de la justicia en resolver el caso de la secretaria-interventora de este Concello, ninguna resolución del asunto, y menos la firme, llegará a tiempo de salvar el mandato que expira en mayo de 2015.
Desde el 28 de mayo de 2013, la Corporación municipal de Trives no ha vuelto a celebrar ninguna sesión ordinaria del Pleno. Las de carácter extraordinario han sido resueltas por el alcalde con los correspondientes informes ad hoc de la asesoría de Guadilix de la Sierra.
La situación evidencia a las claras la facilidad con la que un concello puede quedar a merced de las decisiones de un alcalde, sin que ninguna administración sea capaz de reponer una situación anómala a todas luces.