El Gobierno de la Deputación de Ourense presentará al pleno ordinario de mayo, lo más tardar, el Código Ético e de Conduta de cargos electos y personal dependiente de esta institución provincial. Así lo acordó el Pleno de febrero de la Corporación Provincial celebrado este viernes, con el compromiso explícito de que en el plazo de dos meses la Comisión Informativa de Patrimonio, Goberno e Réxime Interior de la Deputación ourensana elabore el correspondiente texto.
A partir de ahí, el asunto volverá a Pleno para su ya aprobación.

Así mismo, por unanimidad de todos los grupos el Pleno dio el visto bueno al acuerdo de la Xunta de Portavoces de auspiciar medidas para lograr la declaración de "zona catastrófica" para la comarca de A Limia, a tenor de la repercusión que esta zona de la provincia han tenido y tienen los temporales de agua y viento.
El Pleno ratificó íntegramente la propuesta del pasado 14 de febrero, instando al Gobierno Central y a la Xunta de Galicia a cuantificar las pérdidas y disponer medidas adecuadas como pueden ser exenciones impositivas, además de la consiguiente declaración de "zona catastrófica" de A Limia.
También aboga el acuerdo por la creación de una Mesa de Negociación para adaptar el seguro agrario de los productores de esta comarca a las características específicas de la zona y su producción, así como a implicar activamente al Servizo de Vías e Obras de la propia Deputación, en la reparación de los daños causados sobre todo por el agua en lo viales de los diversos concellos que integran la comarca.

El Pleno de febrero aprobó también el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servizos Municipais y la Red Viaria Provincial correspondiente al año en curso, que habilita 300.000 euros en materia de "Cooperación e Estradas" para los concellos en "situación de insuficiencia financiera manifiesta", 4,7 millones para obras municipales y 1,5 para la sostener la red viaria que compete a la propia institución provincial.
Lo que totaliza casi 6 millones de euros en 2014.
Y a los que hay que añadir otros 4 millones de euros del Plan Complementario.

Entre otros acuerdos, el pleno de febrero resolvió la delegación que hace el Concello de Muiños en la institución provincial de la gestión de sus multas coercitivas, mientras que el de Punxín hace lo propio a la hora de recaudar el recibo del agua, sumidores y depuración de residuales y el canon de la Xunta de los vecinos de este Concello.