El PP se persona como acusación en la causa abierta por las asistencias técnicas del Concello de Ourense
 
El PP se persona en el caso abierto en el Juzgado núm. 1 de los de Ourense a raíz de la denuncia de USO y CIG, por las asistencias técnicas del Concello de esta ciudad. Los populares trasladaron este jueves documentación relativa al asunto, y que arroja más de 400.000 euros que la Concellería de Áurea Soto pagó a dos despachos coruñeses desde el año 2007. Además de la contratación de trabajadores con riesgo de tener que ser asumidos por el propio Concello
 
 
 
 
 
 
31 de ENERO de 2014: OURENSE DIXITAL

El Grupo Municipal del Partido Popular trasladó al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ourense este jueves, documentación relativa a asistencias técnicas realizadas por el Concello de Ourense, concretamente por la Concellería de Urbanismo, desde 2007, y que contravienen sentencias judiciales emitidas en tal sentido.
El portavoz popular, Rosendo Fernández, volvió a hablar a la salida del edificio de los juzgados de "verdadeiro despilfarro e desmadre" en el sistema de contrataciones, especialmente en el departamento de la titular de Urbanismo, Áurea Soto.

Urbanismo del Concello de esta ciudad gastó desde 2007 un total de 151.000 euros en la asesoría de un gabinete coruñés, y otros 249.000 desde 2008 en trabajos encargados a un despacho también de A Coruña.
En el primero de los casos, los encargos se hicieron "a pesar de que o Concello conta na súa plantilla con un asesor xurídico, un adxunto, un viceasesor, un letrado xefe e dous letrados asesores", señala el PP.
Los 249.000 euros abonados a otra empresa coruñesa corresponden "Fernández Carballada y Asociados", que facturó este total por asistencias técnicas desde el año 2008.
El PP también denunció la fgura de la asistencia técnica para la defensa jurídica de la propia concelleira, Áurea Soto, que se encargó a otro despacho de A Coruña, "Antas Hernández, S.C.", al que pertenece el abogado Carlos Hernando, el primero en asistir al ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, el día de su detención en la Operación Pokemon.

Pero además el PP traslado al Juzgado documentación relativa al hecho de que el Concello de Ourense continuó contratando a trabajadores laborales para realizar trabajos para dicha Concellería, con riesgo de que tales trabajadores se convirtieran o se conviertan en personal fijo de este Concello. Una práctica prohibida por Ley y condenada por sentencias judiciales firmes emitidas en este sentido, según recordó el portavoz del Grupo Municipal del PP.
La contratación de uno de estos trabajadores es reciente, pues data del pasado verano, 2013, y el contratado percibe una remuneración mensual de 2.057 euros.

El portavoz popular, Rosendo Fernández, subrayó que estas contrataciones se hicieron "siempre con reparos do Interventor", así como del Grupo Popular. y recordó a este respecto que "foron moitas as denuncias públicas que o PP fixo nos medios de comunicación".
De este modo, el Grupo del Partido Popular se persona como acusación en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción num. 1 de Ourense, a raíz de la denuncia conjunta que hicieron en su día los sindicatos USO y CIG en el Concello ourensano.

 
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