Otra vez los reparos del Interventor Municipal son el principal argumento que utiliza el Grupo Municipal del Partido Popular para cuestionar la tramitación y gestión que el Gobierno del Concello de Ourense está haciendo del Plan de Emprego de la ciudad.
Los de Rosendo Fernández acusan al Gobierno que dirige como alcalde Agustín Fernández, de "incompetencia" a este respecto.
La clave, señala el portavoz popular, es "a imcompetencia que arrastra o Grupo de Goberno, incapaz de aprobar os orzamentos do ano en curso e do que vén, xa que non existe nin borrador dos mesmos".

Los populares aluden al informe del Interventor que, según Rosendo Fernández, "teñen unha orixe clara: a incapacidade  absoluta do Goberno Municipal de Ourense para elaborar uns orzamentos", recalca el portavoz del PP en el Concello de Ourense.
Además, se reproducen las reservas expresadas por el Interventor en anteriores expedientes de modificaciones presupuestarias, en lo concerniente al cumplimiento de estabilidad presupuestaria por no existir presupuesto aprobado para el ejercicio económico del presente 2013, señala Rosendo Fernández.

Para el portavoz popular, "o Goberno municipal non quere levar este plan de emprego dentro dos orzamentos, xa que ten limitado o teito de gasto. A través dunha modificación de crédito, como o queren facer, poderían xerar capacidade de gasto e evitar as crises entre os seus propios concelleiros", señala Rosendo Fernández.

Piden conocer la sentencia que obliga a pagar 2,5 millones a Proavia, S.L.

Por otra parte, el Grupo Municipal del PP ha registrado este martes un escrito por el que piden acceder al expediente correspondiente a unha sentencia del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, que condena al Concello de esta ciudad al pago de 2,5 millones de euros a la empresa Proavia, S.L.

De la sentencia dicen conocer los populares porque se dio cuenta de ella en la Xunta de Goberno Local del pasado 10 de octubre, así como a la intención del Concello de Ourense de no recurrirla.
El PP no considera adecuado que el Gobierno haya promovido una modificación de créditos de 3 millones de euros con cargo al Remanente de Tesorería "con destino a fines discutibles", dice, mientras no se ha dotado partida para dar cumplimiento a una sentencia firme como es esta.