A través de una proposición no de Ley, la portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Olaia Fernández Davila, ha pedido en la Cámara Baja del Congreso que el Gobierno español incoe los correspondientes expedientes administrativos relativos al caso de las depuradoras de Ourense, y al fraude y las irregularidades de las que habla en su informe la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
La nacionalista pide que se determinen las autoridades y las personas responsables, y que se impongan las sanciones administrativas previstas en la norma sobre subvencións por el uso irregular de fondos públicos.

Davila incide en la gravedad que representan las irregularidades cometidas, y la obligación de devolver a Europa 10,1 millones de euros. Davila recuerda que en el informe de la OLAF hay "contundentes calificacións" de los técnicos, y se llega a establecer que "o entón presidente da Deputación Provincial de Ourense podería ter incurrido nos delitos de prevaricación, tráfico de influenzas e falsedade en documento público".

Con todo esto, la diputada nacionalista reclama la atención del Congreso sobre el alcance del informe y la gravedad de los hechos que se denuncian, y señala que "non se trata dun caso illado nesta institución provincial con fama que ven de lonxe".
Con lo que la nacionalista pretende reforzar esa proposición, por la que insta al Gobierno de España a depurar responsabilidades en la comisión de las irregularidades que denuncia la OLAF en su informe.