Al comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense que lleva el caso, el Interventor Municipal, Gonzalo Alonso, declaró este miércoles no haber estado de acuerdo con el método de abono de facturas a la concesionaria de la limpieza de instalaciones municipales. Y, en consecuencia, haber informado contrario al abono dichas facturas.
No obstante, dichos pagos fueron realizados por disposición del anterior regidor municipal, el socialista Francisco Rodríguez, y luego por su sucesor, el actual alcalde, Agustín Fernández.

El Interventor Municipal relató al magistrado titular de este Juzgado, Antonio Piña, constarle que tales prácticas se vienen llevando a cabo desde hace al menos un año, siempre sin su visto bueno y considerando el Interventor Municipal que ha habido tiempo suficiente para adjudicar un nuevo concurso desde que expiró el anterior con la empresa PAU, S.A, del Grupo Vendex.
De este modo, lo declarado este miércoles por Gonzalo Alonso ante la autoridad judicial, coincide sustancialmente con lo denunciado el pasado día 21 por el Partido Popular, cuando su portavoz, Rosendo Fernández, denunció públicamente el abono por el Concello a esta empresa, PAU, S.A., de 1,4 millones de euros en 21 mensualidades de limpieza de locales y edificios municipales en "clarísimo fraude de lei".

Lo que ahora investiga el juzgado ourensano encargado del asunto, es el vencimiento del contrato con esta empresa a 13 de mayo de 2011 sin posibilidad ya de prórroga alguna, y, por contra, el hecho de que la empresa siga dispensando este servicio con facturación mensual no sujeta a contrato alguno, por tanto a criterio de la propia empresa.
La investigación judicial arrancó de una denuncia del Grupo Municipal de Democracia Ourensana a raíz de dos facturas de algo más de 270.000 euros. A este respecto, el Interventor Municipal declaró precisó a la autoridad judicial que su cometido no está tanto en revisar la calidad de los servicios prestados e, incluso, si dichos servicios se han dispensado según lo estipulado (para lo que los organismos locales disponen de otros estamentos y mecanismos), como en certificar la cobertura legal que han de tener las facturas emitidas y a abonar por el Concello de Ourense.
Así lo expresó este miércoles el letrado de Democracia Ourensana en el caso, José Miguel Caride.