El Consello Consultivo de Galicia da la razón al Concello de Ourense y no a la empresa Inversiones Mirage, S.L. que solicita 19,8 millones d euros en concepto de "dano emerxente e lucro cesante" por la anulación del Plan de Urbanismo de 2003.
El Consello Consultivo de Galicia desestima la reclamación de la empresa, y el Concello de Ourense no tendrá que abonar la cantidad reclamada en concepto de indemnización por los daños que le habría causado la anulación del Plan de Urbanismo.

En su pronunciamiento, el Consello Consultivo esgrime dos argumentos: por una parte, que la nulidad de una disposición general, como en este caso, "non presupón unha indemnización directa, senón que se debe acreditar a existencia dun dano ou lesión patrimonial vencellada á mesma nulidade"; por otra, que la pérdida de la condición de urbanizables de los terrenos sobre los que la empresa reclama dicha condición, "non é a única causa da paralización da urbanización", sufrida por la empresa, "e non existe unha relación directa entre a labora da Administración Local e o desestimento de traballos de urbanización non previstos nin en execución".

El Consello Consultivo de Galicia refuerza su pronunciamiento con jurisprudencia existente que confirma que el derecho a la urbanización y a la edificación non son facultades inherentes a la titularidad de los terrenos. Además, los tribunales establecen que "a anulación disposición xeral non presupón un dereito á indemnización por parte dos seus destinatarios, xa que tal efecto está condicionado a padecer, de feito, unha lesión patrimonial vinculada directamente co funcionamento dun servizo público".

La reclamación a la que se refiere la empresa Inversiones Mirage, S.L. se refiere a unos terrenos ubicados en la zona de Barrocás, y la anulación del PXOM de 2003 paralizó la urbanización prevista a la espera de la aprobación de un plan parcial para dicho proyeto.
El Consello Consultivo de Galicia confirma que en la fecha en la que se anuló el Plan de Urbanismo, la empresa no cumplía con los requisitos jurídicos que consolidaran su derecho a urbanizar, y "polo tanto, a realizar ningún tipo de edificación, por non cumprir cos instrumentos da execución urbanística".