Un pleno extra de la Deputación de Ourense celebrado a partir de las 12 del mediodía de este miércoles, 12 del 12 de 2012, dejó aprobados los presupuestos de 2013 de la institución provincial así como la Relación de Puestos de Trabajo y el ERE (en este caso EDC, Expediente de Despido Colectivo) para 32 trabajadores laborales indefinidos de la plantilla de dicha institución.
El pleno volvió a ser más de lo mismo que en ocasiones anteriores: protestas y críticas de la oposición en el turno de debate, y mayoría del Grupo de Gobierno del PP a la hora de aprobar los asuntos tratados.

De este modo, la Deputación ourensana dispondrá de un gasto de 66,3 millones de euros en 2013, que serán 4,7 millones menos que el presupuesto de 2012.
Tal y como había anunciado el propio Manuel Baltar cuando los presentó el pasado primero de este mes, los presupuestos de 2013 priorizan en gasto social, medio ambiente y cooperación con los concellos de la provincia. Destacando que en el primero de los capítulos, la asistencia social multiplicará el año que viene la consignación de la que disponía este año, 2012.

En cualquier caso, la oposición cuestionó los presupuestos que calificó de "continuistas", de "cacicada con consentemento da Xunta de Galicia", y a los que el portavoz del BNG reprochó que "pasan dun estilo decimonónico a un novo diseño con diferente dialéctica pero que é o mesmo". Ni para socialistas ni para nacionalistas estos presupuestos supondrán cambio de rumbo alguno en la forma de gobernar el PP la institución provincial, señalaron los portavoz, respectivamente Ignacio Gómez y Leopoldo Rodríguez.

El pleno extra de los presupuestos de 2013 despachó también en esta ocasión dos asuntos vinculados a su capítulo de Persoal, de los que también en su momento había informado el presidente de la institución provincial, la Relación de Puestos de Trabajo y el Expediente de Regulación de Empleo o de Despido Colectivo, como procede llamarse en estos casos, para 32 trabajadores laborales indefinidos de la Deputación ourensana, a los que se sumará el hecho de que se amorticen 28 plazas vacantes actualmente de funcionarios y laborales fijos.
Ambas cuestiones, cuestionadas por la oposición en varios aspectos y denunciadas como "proba de que a política de persoal levada a cabo na Deputación polo PP é un fracaso", prosperaron también con el respaldo de la mayoría de los diputados del Partido Popular. Lo que deja el proceso del ERE abierto a negociar su aplicación con el Comité de Empresa, para ser aplicado con efectos, lo más tardar, a primero del mes de febrero próximo.