Cerrado el plazo para presentar reclamaciones al Concello de Ourense derivadas de la anulación del Plan de Urbanismo de 2003, el Concello se enfrenta a un total de 110 millones de euros que se le reclaman en los 35 expedientes que ahora mismo están en fase de tramitación por los Servicios Xurídicos del Concello.
Son los de aquellos que se consideran perjudicados por la anulación de dicho PXOM, totalmente invalidado por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo.

Las reclamaciones patrimoniales se suman a los 11 recursos interpuestos contra el acuerdo del Consello da Xunta en materia de ordenación provisional, y aquellos recursos judiciales de actos municipales susceptibles de anulación por estar amparados en el PXOM de 2003. Así lo explicó este lunes en una comparecencia de prensa la titular de la Concellería de Urbanismo, Áurea Soto.
Las cantidades que se reclaman al Concello de Ourense van desde los 20.000 euros a los 40 millones. La cifra exacta que totalizan las 35 reclamaciones de responsabilidad patrimonial es de 109.991.980 euros.
"O consecuente cambio de ordenación territorial e urbanística e a imposibilidade do exercicio da facultade de participar nas actuacións urbanísticas de dito planeamento, son o principal fundamento xurídico das reclamacións", señaló Áurea Soto.

Explicó la concelleira que, anulado el Plan Xeral de 2003, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños a particulares y empresas que ahora son reclamados al Concello, apelando a la responsabilidad solidaria que la institución municipal tiene en esta materia.
Por otra parte, están lo recursos contra la ordenación provisional que recientemente ha hecho la Xunta de Galicia, que entró en vigor en el mes de octubre pasado y que suspende la aplicación del PXOM de 1986 en áreas consideradas de "especial interese" para  regular 32 ámbitos de actuación en la ciudad, incluyendo el de As Burgas.
A esta ordenación provisional se han presentado 11 recursos contra el acuerdo del Consello da Xunta, a los que todavía hay que sumar los naturaleza judicial ante actos municipales que resulten susceptibles de ser anulados.