Por unanimidad de los cuatro grupos que conforman la Corporación Municipal, aprobó el pleno de este viernes, ordinario del mes de diciembre, la ordenanza municipal reguladora del deber de conservación, inspección técnica de edificaciones y de la declaración de ruina. Aprobación que llegó después de que la mayoría de socialistas y nacionalistas rechazaran las enmiendas presentadas a dicha ordenanza.

El hecho de que tal aprobación se produjera por unanimidad, lo mismo que la modificación puntual del PXOM de 1986 y las tarifas que regirán el servicio de taxi para el año 2012,  no quiere decir que dichas aprobaciones estuvieran exentas de debate e, incluso, de crispación, que fue en aumento a medida que se avanzaba en el orden del día de las cuestiones a tratar.
Al punto de que el alcalde y presidente de la sesión, Francisco Rodríguez, requirió al concelleiro de su grupo, Agustín Fernández, que se ciñera al asunto a tratar en el orden del día y evitara lo que la oposición podría considerar como una provocación, cuando a las 11:08 Hs. iba transcurrida la primera hora de pleno.
Previamente, el portavoz del Grupo del PP, Rosendo Fernández, había advertido al alcalde de que su grupo abandonaría el pleno si la concelleira Áurea Soto persistía en lo que los populares entendían como "provocacións da concelleira".

Aún así, populares y Democracia Ourensá dieron su apoyo a la ordenanza de la ITE, entendiendo que es preciso velar por el estado de conservación de los inmuebles de la ciudad y evitar sucesos como el que se produjo el pasado día 3 de noviembre con el derrumbe del inmueble número 6 de Villa Valencia.
La concelleira de DO, Susana Gómez Valencia, requirió al Gobierno municipal que el Concello notificara previamente a los interesados la afectación de la ordenanza, extremo rebatido por la concelleira de Urbanismo, Áurea Soto, que advirtió, entre otros extremos, de la complejidad de poder llegar a todos los interesados, varios de ellos en el extranjero según le consta al Concello.
La concelleira de Democracia Ourensá pidió a Soto que reparase en el hecho de que hasta ahora, de 4.111 edificios afectados sólo hubieran cumplimentado dicha inspección una veintena, mientras el Partido Popular reprochó al Gobierno municipal que se trate de "una modificación provocada por los errores que han cometido", afirmando José Luis Valcárcel que "ustedes tendrían el pichichi de las modificaciones de todos los ayuntamientos de España".

Con el debate subiendo de tono, a raíz de lo que los populares entendían como "provocaciones" de la concelleira de Urbanismo, se aprobó también la modificación puntual de la normativa urbanística actualmente vigente, la que emana del Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1986, una vez que por sentencia del Tribunal Supremo el de 2003 es "nulo de pleno derecho".
Se trata de modificaciones que es preciso llevar a cabo para, a su vez, poder aplicar la normativa provisional de la Xunta de Galicia que evite el bloqueo del urbanismo en esta ciudad.