Tras reunirse con los técnicos del Concello no sólo urbanísticos sino también jurídicos, a estos efectos tan importantes o más que los del departamento de Áurea Soto, el Gobierno municipal de Ourense tiene perfectamente clara que toda la responsabilidad recae en el Partido Popular. Era en 2003 el partido que gobernaba el Concello de Ourense y la Xunta de Galicia.

La responsabilidad del entonces Gobierno municipal de Ourense radica tanto en la elaboración del Plan de Urbanismo que se comenzó a redactar en 1999, como luego en su tramitación. Lo que incluye el escandaloso cambiazo que se le dio a un número indeterminado de documentos (cuatro, según Poly Novoa), sacando a exposición pública unos que no fueron luego los que se llevaron a aprobación. Y que, sospecha el actual Gobierno municipal, generaron pingües beneficios en los bolsillos de no se sabe quien.
Sin embargo, la responsabilidad última de lo ocurrido es de la Xunta de Galicia, ya que es competencia de la Consellería de lo propio el definitivo visto bueno de sus técnicos a las normas de planeamiento urbanístico.

Así, por ejemplo, en febrero de 2008 el Concello de Esgos se veía obligado a corregir su PXOM después de que los técnicos de Política Territorial de la Xunta denegaran su aprobación. Uno de los fallos que habían detectado radicaba en el crecimiento residencial previsto, que se consideraba “desproporcionado” en relación con la demanda prevista como horizonte del Plan.
Por contra, en 2003 los técnicos de Urbanismo de la Xunta de Galicia no corrigieron ninguna de las graves anomalías de las que adolece el Plan de Urbanismo de esta ciudad, que ahora lo descalifican el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, primero, y el Supremo de forma concluyente.

La sucesión de errores tiene también nombres y apellidos: Manuel Cabezas era entonces alcalde de Ourense; Ricardo Campo Labrador el concelleiro de Urbanismo del Concello; y en la Consellería de Política Territorial, cuyos técnicos sellaron las incorrecciones de un PXOM aberrante, Alberto Núñez Feijóo sucedió aquel año a Xosé Cuiña, que caía tras descubrirse que su holding familiar había obtenido sustanciosos beneficios de la venta de trajes de agua para los voluntarios en las tareas de limpieza del Prestige.