El Concello de Ourense agiliza los trámites para acometer obras menores en locales de la ciudad e iniciar actividades, al aprobar por unanimidad de todos los grupos el pleno del Concello celebrado este viernes (primer pleno del nuevo año), la nueva Ordenanza que regula las llamadas Actuacións Comunicadas. La aprobación es inicial, y la entrada en vigor del nuevo sistema sólo queda pediente del correspondiente trámite de exposición del acuerdo antes de hacerlo definitivo y publicarse dicha Ordenanza en el BOP.

La nueva Ordenanza, como ya explicó en su día el propio alcalde de la ciudad, supondrá la eliminación de trámites previos en los dos casos expuestos, que en lo sucesivo pasarán a ser posteriores tanto al inicio de las obras como al de actividad. De este modo, cualquier emprendedor que quiera abrir al público una actividad empresarial sólo tendrá que comunicarlo al Concello, lo mismo que para iniciar obras en locales ubicados en bajos de inmuebles de la ciudad que sean de carácter menor.
En este caso, el ciudadano procede y es el Concello en el que se encargará de corroborar que dichas actuaciones se ajusten a lo legalmente establecido, en cuyo caso dejará proseguir las obras o la actividad empresarial ya iniciada.

La Ordenanza tuvo el respaldo del Grupo del Partido Popular, aunque no sin que antes el concelleiro Gómez Villar reprochará al regidor municipal que “vostede, señor alcalde, vende ata o que non é seu”. Se refirió Gómez Villar la hecho de que esta Ordenanza emane de una disposición de 2006, y reprochó el popular que debería estar en funcionamiento lo más tardar en 2009, por lo que su implantación “prodúcese con retraso”.

Recurso de alzada contra la pralización del proyecto del Campus

Sin el apoyo del PP en este caso, sino al contrario, el Gobierno municipal acordó también en el primer pleno de este 2011 interponer recurso de alzada ante la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio de la Xunta de Galicia, contra la decisión de la Comisión Superior de Urbanismo de la Xunta de paralizar el proyecto para reordenar los espacios y sus usos en el Campus de Ourense.
Tal y como ya se habían anunciado por parte del Grupo de Gobierno, la concelleira de Urbanismo, Áurea Soto, señaló que la Comisión Superior de Urbanismo “no puede basar su informe en una cuestión de ordenación, competencia que corresponde a los concellos, por lo que incurre en extralimitación de sus competencias”, dijo la concelleira socialista. Quien recalcó que “la ordenación compete al Concello”.

No lo entiende así el Partido Popular, cuyo concelleiro para estos temas, José Luis Sousa, señaló que existen razones objetivas para que la Comisión Superior de Urbanismo dictaminara como lo hizo, en contra del desarrollo del proyecto de Patxi Mangado.
Señaló Sousa que no se respeta el carácter dotacional que tienen algunos terrenos, y que incluso “los bloques residencias hacen desaparecer las viviendas del Instituto Galego de Vivenda e Solo”. El popular reprochó al Gobiero del Concello de Ourense que “se les advirtió de esto, pero ustedes no hicieron caso como tienen por costumbre”.
Sousa fue más allá en sus descalificaciones que dirigió puntualmente a la concelleira de Urbanismo, y se dirigió a Áurea Soto recriminándole que “usted tiene la fea costumbre de creer que la forma de entender que la vida política es descalificar”.

El Gobierno corrigió la dirección única de las mociones del PP

La mayoría del Gobierno municipal volvió en gran medida el sentido inicial de las mociones que presentó el Partido Popular, lo que posibilitó que dichas iniciativas prosperaran, si bien llevadas a la perspectiva que qusieron darlo PSOE y BNG.
Así prosperó la moción que los populares planteaban en el sentido de que el Concello de Ourense pida al Gobierno Central que se mantengan los 426 euros mensuales a los parados.
Sin embargo no será sólo eso por lo que el Concello de Ourense abogue ni sólo ante la administación del Estado.

La teniente de alcalde y jefa de filas del Grupo del BNG, Isabel Pérez, planteó que las medidas sociales se hagan extensivas también a la Xunta de Galicia, “que algo tamén terá que ver na situación do paro e dos parados na nosa Comunidade e en Ourense”, dijo Pérez.
De este modo, el Concello de Ourense intará también a la Xunta de Galicia a incrementar las acciones en materia de inserción social, en concreto la RISGA, y a destinar a Ourense el porcentaje que realmente le corresponde en materia de paro. Que, según Isabel Pérez, tendrá que pasar del 8% que recibe actualmente al 34% que le corresponde, según entiende el Gobierno municipal.

Con análogos planteamientos, el Gobierno municipal hizo extensiva a la Xunta de Galicia una situación en materia de dotaciones para infraestructuras que el PP planteaba únicamamente al Ministerio de Fomento.
Los populares recordaron una serie de actuaciones pendientes del Estado sobre compromisos establecidos, y PSOE y BNG introdujeron la correspondiente enmienda por la que se le reclama a la Xunta casi 7 millones de euros para la primera fase del Plan Especial de Finca Sevilla, la remodelación de la Praza de Abastos, el Plan Director del CHOU, el Polideportivo de Mariñamansa y el Plan de Termalismo.