El BNG plantea que la Deputación de Ourense inste a la Xunta a actuar en materia de violencia de género
 
Hay marco legal en Galicia, una ley que el bipartito dejó en marcha en la Xunta, pero por la que el Ejecutivo de Feijóo no demuestra el debido interés. Es lo que cree el BNG en la Deputación de Ourense. Por eso en el próximo pleno presentará una moción pidiendo que se inste a la Xunta a que retome lo legislado y lo impulse
23 de NOVIEMBRE de 2010: OURENSE DIXITAL

El Grupo del BNG en la Deputación de Ourense anuncia al pleno ordinario de noviembre que se celebrará este viernes, día 26, una moción por la que pide instar a la Xunta a que realice una planificación acorde “para a efectividade das previsión contidas na Lei 11/2007” relativa al respeto y preservación de los derechos de la mujer.
El portavoz del BNG, Xosé Manuel Fírvida, dice en este sentido que la “o Goberno da Xunta foi informado polo anterior executivo do grao de desenvolvemento da Lei e máis dos aspectos que resta poñer en marcha, pero non se atopa interés ningún no executivo”.
Es más, el Ejecutivo de Núñez Feijóo considera “prescindibeis” las acciones tendentes a la erradicación de la violencia de género, señala el portavoz nacionalista.

Por el ello el BNG planteará a la institución provincial que, a su vez, pida a la Xunta de Galicia que realice una planificación adecuada a la “planificación para a efectividade” de lo que la Ley contiene y prevé. Concretamente la creación del Observatorio Galego da Violencia de Xénero, la puesta en marcha del Centro de Recuperación Integral, la realización de campañas periódicas de sensibilización contra la violencia de género, la formación de la totalidad de los profesionales, y “garantir o dereito á atención psicolóxica no ámbito sanitario público”.

Xosé Manuel Fírvida considera que, si bien a nivel legal en los últimos años se tienen dado pasos muy importantes en la lucha contra esta lacra, también a nivel gallego se aprobó en la pasada legislatura una ley específica en esta materia, por la que el BNG en la Deputación de Ourense quiere ahora que la institución provincial abogue ante la Xunta de Galicia.

 
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