Llega la nueva Lei de Augas de Galicia, que obliga a todos a pagar por consumir y por verter
 
 
 
Llega una nueva ley, la Lei de Augas de Galicia. Se traduce en que todos los gallegos tendremos que pagar por el uso y consumo del agua. También aquellos que no disponen de saneamiento y que se abastecen de un pozo particular o de una red propiedad de una comunidad de usuarios, un pueblo o una aldea, por ejemplo. Pagarán menos, pero pagarán. La nueva Lei se aprueba este martes
 
25 de OCTUBRE de 2010: OURENSE DIXITAL

La Xunta de Galicia aprobará este martes, día 26 de octubre, la Lei de Augas elaborada por el Ejecutivo de Núñez Feijóo y en la que el propio Partido Popular introdujo varias enmiendas. Así lo anunció este pasado sábado el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, en una visita que cursó a obras de abastecimiento de A Estrada.
La nueva Lei establece el pago a la Xunta por servicios prestados en materia de aguas, y afecta especialmente al rural gallego.
Hernández señaló que el Gobierno de la Xunta aspira a que esta nueva Lei cuente para su aprobación con el apoyo de todos los grupos en el Parlamento de Galicia, extremo que seguro no ocurrirá y la Lei de Augas será aprobada únicamente con el apoyo de quien la elaboró, el Partido Popular.

Aunque todavía se desconozcan fechas, plazos y sistemas de cómo se va a llevar a cabo todo lo que la nueva Lei comporta, miles de contadores comenzarán a instalarse en villas, pueblos y aldeas de toda Galicia para administrar la “notable mellora no uso racional da auga”, según dice la Xunta. El canon establecido más el consumo en aquellos casos que proceda servirá para “impulsar políticas contra o desperdicio e a contaminación, porque quen o faga pagará a sanción correspondente en función do dano”, asegura Agustín Hernández.

La nueva Lei, tal y como el Grupo parlamentario del PP la tiene diseñada para su aprobación este martes, incluye varias enmiendas realizadas por el propio Partido Popular.

 
 

Una de ellas hace referencia a que aquellas comunidades de usuarios que se abastezcan de captaciones propias y traídas vecinales de su propiedad también, “beneficiaranse de unha dedución do 80% da cota do canon que se aplicará a todos os usuarios domésticos, con independencia de que estean conectado a unha rede de saneamento”. Es decir, pagarán un 20% del canon, aunque la gestión del agua sea de su propia competencia.
Hernández destacó que “é de rigor recoñecer a estas persoas o esforzo realizado por autoxestionarse”.
Otra de las enmienda está relacionada con el hecho de que “o medio rural seguirá contando cun tratamento específico con respecto ao canon da auga”, por lo que se eximen del mismo a lo usos ganaderos agrícolas o forestales.
En este caso, las comunidades de usuarios y traídas vecinales no tendrán que pagar canon alguno para este tipo de usos.

La Xunta asegura que todo lo que recaude con el canon del agua “tendrá un carácter finalista” es decir, “será investido na súa totalidade en obras de saneamento e abastecementos aos concellos de Galicia”.
Sin embargo, Agustín Hernández es crítico con el hecho de que existan en Galicia alcaldes, concellos y formaciones políticas que se hayan posicionado en contra de dicha Lei. “Por unha banda denuncian determinadas situacións precarias en materia de abastecemento ou saneamento nos seus concellos, esixindo investimentos da Xunta de Galicia e, ao mesmo tempo, critican e poñen trabas aos mecanismos que permiten a Administración autonómica abordar estas necesidades”, señaló el conselleiro de Medio Ambiente.

Hernández, que asegura que el un 30% de la población gallega pagará menos con el nuevo canon del agua que lo que está pagando en estos momentos, y que el agua en Galicia seguirá siendo de la más barata de toda España, calificó la actitud de estos alcaldes críticos con la nueva Lei de Augas de “insolidaria e irresponsable”.
Según el conselleiro, han sido hasta ahora 34 los concellos que se han posicionado en contra del canon a través de acuerdos plenarios. Según Agustín Hernández, en estos 34 concellos la Xunta de Galicia destina cerca de 200 millones de euros para la ejecución de proyectos de saneamiento y abastecimiento.

 

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